En el contexto del debate legislativo en España, varias formaciones políticas han expresado su desacuerdo con la propuesta del partido independentista Junts, que busca endurecer los requisitos para la concesión de permisos de paternidad a temporeros migrantes. Estos socios del bloque de investidura han criticado lo que consideran un intento de señalar a un colectivo vulnerable.

En una sesión celebrada el pasado 23 de septiembre, Junts presentó una proposición no de ley en el Congreso con la intención de modificar la norma vigente sobre prestaciones por maternidad, paternidad y situaciones de riesgo durante el embarazo y la lactancia. Este cambio, según el partido independentista, busca establecer condiciones más estrictas para los migrantes, a quienes acusan de cometer fraudes en el acceso a estos beneficios.

El diputado Isidre Gavín, encargado de abanderar esta iniciativa, manifestó que los agricultores han denunciado en reiteradas ocasiones abusos relacionados con los permisos de paternidad. Gavín insinuó que algunos migrantes solicitan múltiples permisos al afirmar que en sus países se permite la poligamia, una afirmación que ha generado controversia.

Durante el debate, el representante de Vox, Juan José Aizcorbe, expresó su apoyo a la propuesta de Junts, aunque consideró que esta era insuficiente. Aizcorbe afirmó que su partido ha señalado durante años la necesidad de abordar este tipo de fraudes, insinuando que Junts finalmente se alinea con su posición.

En contraposición, el diputado del Partido Popular, Agustín Parra, señaló la existencia de fraude, pero advirtió que la propuesta de Junts podría estigmatizar a los migrantes. Parra insistió en que la lucha contra el fraude debe realizarse sin crear prejuicios o etiquetas sobre las personas afectadas.

Desde el partido socialista, la diputada María Carmen Castilla Álvarez ya alertó sobre el peligro de que la propuesta de Junts conduzca a un "señalamiento" de las personas migrantes. Castilla defendió que combatir el fraude no debe traducirse en restricciones desmedidas que afecten a colectivos vulnerables, resaltando que un Estado de derecho no puede permitir desigualdades en el acceso a derechos sociales.

La diputada Júlia Boada, de En Comú en Sumar, criticó fuertemente la propuesta, arguyendo que solo pretende recortar derechos laborales sin fundamento en datos concretos, recordando que en Cataluña apenas se han sancionado a 22 personas por fraudes relacionados con estos permisos.

El portavoz de Esquerra Republicana en asuntos laborales, Jordi Salvador, calificó la propuesta de Junts como una de las iniciativas más xenófobas y racistas escuchadas en la Cámara Baja, indicando que detrás de ella solo hay un intento de criminalizar a los migrantes mediante falsedades.

Asimismo, el partido EH Bildu también expresó su rechazo, con la diputada Marije Fullaondo describiendo la propuesta como una "barbaridad" que busca restringir derechos a migrantes simplemente por su origen.

Finalmente, las formaciones Podemos y PNV se manifestaron en contra de la iniciativa. Noemí Santana, representando a Podemos, señaló que endurecer los permisos para extranjeros abriría la puerta a un racismo institucional, mientras que Idoia Sagastizabal, del PNV, advirtió que la propuesta convertiría un derecho en un proceso burocrático complicado, inaccesible para muchos.