En un contexto de creciente preocupación por la independencia de la Fiscalía en España, la Asociación de Fiscales (AF), que representa a la mayoría de los fiscales en el país, ha expresado su apoyo a la rápida reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) antes de abordar cualquier cambio en el proceso penal. La presidenta de la AF, Cristina Dexeus, ha destacado la urgencia de esta reforma, argumentando que es esencial "blindar" al fiscal general contra posibles injerencias políticas que puedan comprometer su labor.

A través de un comunicado, la AF ha dado a conocer los resultados de una encuesta realizada entre sus miembros, la cual reveló un nivel elevado de preocupación respecto a la situación actual del fiscal general del Estado. Esta encuesta vuelve a poner de manifiesto las inquietudes del cuerpo fiscal en relación a la integridad y autonomía de su institución, especialmente en tiempos de incertidumbre política y judicial.

De manera contundente, el 98,1 por ciento de los encuestados ha coincidido en que es imperativo llevar a cabo modificaciones significativas al EOMF como una etapa previa para cualquier reforma del sistema procesal en el país. Esta postura se torna aún más relevante si se contempla la posibilidad de asignar al fiscal la responsabilidad de investigar delitos, lo que podría incrementar aún más el peso de la institución en el marco judicial español.

En este contexto, Dexeus ha señalado que la situación actual de la Fiscalía es sin precedentes, especialmente tras la imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el Tribunal Supremo por supuestas revelaciones de secretos que involucran a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Para Dexeus, esta situación no solo daña la imagen de la Fiscalía, sino que también subraya la necesidad de realizar un cambio inmediato en el EOMF para reforzar la independencia del Ministerio Público. La presidenta ha enfatizado que es crucial proteger al fiscal general de las intrusiones políticas que puedan debilitar la función constitucional de la Fiscalía, lo que resulta de suma importancia para garantizar un sistema de justicia que realmente funcione al servicio de la sociedad.