La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado penas de hasta 77 años de prisión para los líderes de la trama Gürtel, Francisco Correa y Pablo Crespo, en el marco del juicio final de esta emblemática causa de corrupción que comenzará la próxima semana en la Audiencia Nacional. Este juicio se centra en los delitos fiscales vinculados a la ocultación de patrimonio, donde varios acusados han decidido confessar a cambio de condenas más ligeras, según fuentes judiciales.

Este nuevo proceso judicial, que se espera se extienda durante varias semanas, involucra a alrededor de 20 imputados y a diversas entidades empresariales que se consideran responsables civiles subsidiarios. La atención se dirige, en particular, a las acusaciones de delitos contra la Hacienda Pública que cometieron Correa y Crespo entre 1998 y 2009, mientras operaban un entramado empresarial diseñado para enriquecerse de manera ilícita utilizando fondos públicos.

La investigación ha revelado que Correa lideraba una red que buscaba obtener contratos públicos a través de sobornos a funcionarios, ocultando las ganancias generadas y manipulando la contabilidad para deducir gastos ficticios. Estos procedimientos se realizaban en el marco de empresas dedicadas a la organización de eventos y actividades similares. La Fiscalía destaca que dicha estrategia permitió a los acusados evadir importantes obligaciones fiscales y enriquecerse a costa del erario público.

El magistrado José de la Mata, quien está encargado del caso, incluyó en el proceso a varios asesores fiscales y empresarios que supuestamente jugaron un papel crucial en el desarrollo de esta red de fraude fiscal. Entre los acusados se encuentran figuras destacadas que, al igual que Correa y Crespo, se habrían beneficiado del sistema de sobornos y facturación falsa que caracteriza el escándalo Gürtel.

El juez también ha determinado que la responsabilidad económica de los acusados asciende a más de 199 millones de euros, en concepto de daños ocasionados por las prácticas ilícitas lideradas por Correa. A través de una compleja estructura financiera, el cabecilla de la Gürtel habría ocultado fondos, no presentando declaración tributaria alguna desde 1999, lo que ha llevado a calcular un fraude fiscal que supera los 24 millones de euros entre 2000 y 2007.

Crespo, conocido como el número dos de la trama, también está en la mira por ocultar recursos derivados de su vinculación con adjudicaciones irregulares y servicios prestados a Correa. Los mecanismos utilizados para este encubrimiento incluyen el uso de sociedades pantalla y la cobranza de ingresos en efectivo, lo que complica aún más el rastreo de sus actividades delictivas.

En relación con los asesores involucrados, el juez ha enfatizado su papel como coautores necesarios de la defraudación, subrayando que su trabajo en la planificación fiscal y la creación de estructuras opacas contribuyó significativamente al diseño del fraude. La intención de estos profesionales de ayudar a Correa y Crespo a ocultar sus ingresos ilícitos les ha colocado en una posición clave dentro del entramado Gürtel.

Este juicio no solo busca hacer justicia por los delitos cometidos, sino que también expone las profundas conexiones entre el poder político y el mundo empresarial que han permitido la perpetuación de este escándalo a lo largo de los años. Sin duda, el desenlace de este caso será un claro mensaje sobre las consecuencias de la corrupción en el ámbito público.