En Madrid, a fecha del 29 de enero, continúa la intrincada saga judicial del denominado ‘caso Koldo’, donde el juez Santiago Pedraz, responsable del Juzgado Central de Instrucción número 5, ha desestimado la petición del PSOE que demandaba la celebración de una audiencia para discutir la posibilidad de encarcelar provisionalmente a Víctor de Aldama, presunto intermediario en una compleja red de fraude de IVA en el sector de los hidrocarburos.

La resolución de Pedraz, según lo informado por Europa Press, señala que no hay evidencias suficientes que justifiquen la necesidad de una nueva comparecencia para evaluar medidas de prisión. El magistrado argumenta que es indispensable presentar nuevos datos o hechos relevantes para que se considere la re-evaluación de una decisión ya tomada, subrayando la importancia de respetar el derecho a la estabilidad procesal, el cual protege a los ciudadanos de abusos dentro del proceso judicial.

Además, el juez enfatiza que cualquier solicitud para modificar una medida cautelar debe fundamentarse en la necesidad de prevenir riesgos como la fuga del acusado, la posible reiteración de delitos o la destrucción de evidencias. En este aspecto, sostiene que las alegaciones del PSOE, junto con la información actualmente disponible en el proceso, no presentan nuevos elementos que justifiquen tal preocupación.

En su análisis, el juez menciona que las declaraciones o apariciones públicas de Aldama, así como cualquier incidente ocurrido en el Tribunal Supremo o en el Senado, carecen de relevancia en el contexto del caso. De este modo, los ataques dirigidos hacia el PSOE o las supuestas colaboraciones de Aldama en otros asuntos no se consideran hechos que modifiquen la situación procesal actual, resultando irrelevantes para la decisión adoptada.

En cuanto al informe de la Guardia Civil firmado el 18 de diciembre, Pedraz señala que tampoco aporta nuevas evidencias que lleven a la conclusión de que Aldama continúe cometiendo delitos o que esté ocultando pruebas. Destaca que reunirse con otros investigados no constituye intento de ocultar información, y argumenta que, sin información adicional, no se puede deducir la existencia de pruebas ocultas.

El juez critica también las referencias a otros investigados que han sido incluidas por el PSOE en su acusación, aclarando que en el documento no se menciona a Aldama, lo que añade un nivel de confusión a las alegaciones presentadas. Reitera que hasta el momento no hay pruebas que sugieran que alguna de las partes involucradas continúe con la actividad delictiva.

Por otro lado, el PSOE había solicitado justificar la prisión provisional de Aldama, argumentando que su libertad representaba un riesgo para el éxito de la investigación. En un intento de mitigar esta preocupación, los socialistas instaron al juez a que tomara medidas preventivas para evitar la posible tergiversación o destrucción de pruebas cruciales para el proceso judicial.

Por su parte, Aldama ha expresado su oposición a la solicitud del PSOE en un escrito en el que presenta evidencia de comunicación con el jefe de gabinete del Ministerio de Hacienda, en la que solicitaba un acuerdo sobre el pago de una considerable deuda de ‘Pilot Real State’, mostrando así su disposición a colaborar en lo que respecta a sus obligaciones financieras.

En su defensa, Aldama refutó la idea de que exista un riesgo de destrucción de pruebas. Aclaró que, cuando fue liberado el 21 de noviembre de 2024 tras su declaración voluntaria, su intención era cooperar plenamente con las investigaciones en curso, con el objetivo de esclarecer los hechos por los cuales se le investiga.

El fiscal Luis Pastor, en su momento, también apoyó la liberación de Aldama, citando la valiosa información que había contribuido al esclarecimiento de los casos en los que estaba involucrado, tanto el relacionado con el fraude de hidrocarburos como el caso del exministro José Luis Ábalos, implicado en el ‘caso Koldo’.

La defensa de Aldama advirtió que la información proporcionada por su cliente involucra a miembros altos del gobierno, sugiriendo que el PSOE, siendo acusación popular en el caso, no debería juzgar la importancia de su colaboración, especialmente cuando contradice las afirmaciones que ellos mismos han difundido acerca de la veracidad de sus declaraciones.

Finalmente, se debe señalar que la unidad responsable de investigar las posibles líneas de indagación mencionadas por Aldama es la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, tarea que aún está pendiente de culminar, dejando claro que la colaboración de Aldama continúa siendo relevante y justa en el desarrollo de los procesos legales que le involucran.