La situación se intensifica en torno al exministro de Transportes José Luis Ábalos, quien es objeto de una investigación por presuntas irregularidades en la gestión de contratos públicos durante la crisis sanitaria. Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han llevado a cabo un registro en su residencia en Valencia, como parte de una orden emitida por el magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente.

Esta acción se llevó a cabo en la mañana de este martes, con la finalidad de recolectar documentación relacionada con contratos de obra civil que se habrían visto implicados en el cobro de comisiones, tanto en efectivo como en especie. Fuentes del entorno jurídico han indicado a Europa Press que se trata de diligencias que se desarrollan bajo estricta confidencialidad.

Un informe elaborado por la UCO en marzo del presente año revela detalles sobre el patrimonio de Ábalos, en el cual se menciona su propiedad de una vivienda en Valencia, adquirida en 1987. El exministro sería el único propietario de la misma tras la liquidación de su sociedad conyugal.

Este registro ocurre siete meses después de que el Tribunal Supremo decidiera abrir un caso contra el exministro tras recibir una solicitud del juez que investiga el denominado 'caso Koldo', un asunto que gira en torno a su exasesor ministerial, Koldo García.

Es importante resaltar que este registro marca un hito, siendo la primera ocasión en la que el alto tribunal ordena la búsqueda de pruebas en la propiedad de Ábalos, quien ya ha comparecido dos veces ante el juez para rechazar la acusación de haber recibido comisiones indebidas.

Durante el desarrollo de la investigación, Ábalos ha solicitado que se excluya a la UCO de las pesquisas, argumentando que los agentes han realizado filtraciones sobre su vida personal, lo que él considera un acto de hostilidad y venganza. Sin embargo, tanto el magistrado instructor como el tribunal de apelación han desestimado sus peticiones.

Ábalos también ha expresado su preocupación de estar siendo objeto de una investigación prospectiva, pero el tribunal ha respaldado la legitimidad del proceso que lleva el magistrado Puente.