El caso que involucra al ex secretario de Organización, Santos Cerdán, ha suscitado un amplio debate sobre su impacto en el funcionamiento del Congreso y la estabilidad del Gobierno, según apuntan fuentes cercanas. Con una fecha marcada desde su prisión provisional, el 30 de junio, la defensa de Cerdán ha presentado una nueva solicitud al tribunal que lleva su caso para reclamar su liberación desde Soto del Real.

En un recurso de reforma al que ha tenido acceso Europa Press, los abogados de Cerdán argumentan que la principal evidencia en su contra se fundamenta en unos audios cuya autenticidad han puesto en entredicho, haciendo eco de las controversias alrededor del 'caso Pegasus'. Esta solicitud se produce tras la decisión del magistrado Leopoldo Puente de mantener a Cerdán en prisión, a pesar de las múltiples peticiones para su liberación.

Los letrados señalan que no hay motivos legítimos para continuar con su encarcelamiento. De hecho, critican los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por inducir al magistrado a realizar valoraciones que, según ellos, no corresponden con la realidad de los hechos.

El núcleo de la defensa gira en torno a ocho audios que llevaron a la imputación de Cerdán por actividades delictivas como organización criminal y tráfico de influencias. Según sus argumentaciones, estas grabaciones, realizadas por Koldo García, un ex asesor del ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, apuntan a una supuesta red de cobro de comisiones en contratos de obra pública.

Los abogados subrayan que el auto que ratifica la prisión provisional de Cerdán se basa en suposiciones de los audios y en información de WhatsApp de otros investigados, alegando que se ha creado un patrón delictivo sin evidencia objetiva que lo sustente. La defensa sostiene que hay serias dudas sobre la autenticidad de los audios, señalando irregularidades en la edición y los metadatos que podrían implicar manipulación.

Asimismo, la defensa plantea que debe investigarse la relación del comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba con estos audios, dado que fue el encargado de entregar los dispositivos que usaba Koldo García. Los abogados enfatizan que Villalba también enfrenta acusaciones de haber recibido dinero ligado a la provisión de estos teléfonos, algo que sugiere una posible operativa encubierta dentro de los servicios de inteligencia.

El recurso también critica al juez Puente, quien reprocha a Cerdán hacer afirmaciones sin respaldo suficiente, al mismo tiempo que niega solicitar diligencias de investigación esenciales. Relaciones con el escándalo de espionaje Pegasus a funcionarios del Gobierno figuran como un punto de interés en el contexto de este caso, donde se investiga la posible infiltración de información sensible en teléfonos móviles de varios líderes políticos.

La defensa se anticipa a posibles objeciones sobre su argumento de que estas acciones forman parte de una estrategia de control político, sobre todo porque, tras la imputación de Cerdán, su renuncia como diputado ha modificado significativamente la actividad en el Congreso. Se argumenta que la falta de su presencia ha dificultado la capacidad del Gobierno para obtener los votos necesarios en la Cámara Baja, evidenciando así el impacto de este caso en el ámbito legislativo.

Concluyen manifestando que el encarcelamiento provisional de Cerdán carece de fundamentos sólidos en la investigación actual, apuntando más bien a una búsqueda de pruebas que aún no se han materializado. La defensa sostiene que se encuentran atrapados en una especulación supeditada a relatos mediáticos, lo que pone en tela de juicio la legitimidad del proceso en su conjunto.