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La Fiscalía acusa a Boluarte y a seis exministros por su papel en la represión de las protestas.

La Fiscalía acusa a Boluarte y a seis exministros por su papel en la represión de las protestas.

La Fiscalía de Perú ha dado un paso significativo al presentar una segunda denuncia contra la presidenta Dina Boluarte, en la que se la acusa de usar su posición pública para favorecer a su hermano. Esta denuncia se suma a una serie de acciones legales que buscan esclarecer presuntos abusos de poder en el gobierno actual.

En un anuncio realizado este jueves, la Fiscalía ha implicado no solo a Boluarte, sino también a seis exministros en una serie de delitos relacionados con agresiones a manifestantes durante las protestas que estallaron entre finales de 2022 y principios de 2023. Según la información oficial, estas manifestaciones, que se llevaron a cabo en varias regiones del país, dejaron al menos 75 personas heridas como resultado de un uso desmedido de la fuerza por parte de las autoridades.

La denuncia de la Fiscalía, compartida a través de su cuenta oficial en la red social X, especifica que los exministros del Interior, César Augusto Cervantes, Víctor Rojas y Vicente Romero, así como el exministro de Defensa, Jorge Luis Chávez, son señalados por su presunta responsabilidad en lesiones graves a varios ciudadanos, entre ellos Ronald Rojas Ramos y Michael Chipana Vega.

Las manifestaciones que motivaron estas acusaciones fueron provocadas por el descontento popular hacia el gobierno, y ocurrieron en diversas localidades, incluyendo Apurímac, Ayacucho, Ucayali, Cusco y Puno, así como en la capital, Lima. Según el Ministerio Público, el contexto de estas protestas evidencia una vulneración de derechos humanos ante el uso excesivo de la fuerza pública por parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas del Perú.

En una segunda acción legal presentada recientemente, Boluarte es acusada de colusión agravada mientras ocupaba el cargo de ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Se le imputa haber facilitado un contrato para su hermano, aprovechando su influencia y poder, en contravención de las normas de transparencia que deberían regir en la burocracia estatal. Esta situación ha levantado serias interrogantes sobre la ética y la gobernanza en el país.