En una reciente decisión, la Fiscalía ha manifestado su oposición a que el Tribunal Constitucional (TC) suspenda de manera temporal la orden de arresto nacional emitida por el juez Pablo Llarena contra Carles Puigdemont, exlíder catalán. Esta decisión se da en el contexto de un recurso de amparo donde el dirigente de Junts cuestiona la negativa del Tribunal Supremo (TS) a concederle la amnistía por malversación relacionada con el referéndum del 1 de octubre.

El jefe de la Fiscalía del TC, Pedro Crespo, ha argumentado en un documento al que tuvo acceso Europa Press que la suspensión solicitada por Puigdemont no es necesaria ni adecuada para asegurar la efectividad del recurso de amparo. Alega que la orden de detención afecta directamente el derecho fundamental a la libertad de Puigdemont, así como su derecho a participar en el proceso político, dada su condición de parlamentario electo.

Sin embargo, Crespo argumenta que la supuesta afectación a la libertad de Puigdemont es meramente hipotética. Señala que la realización efectiva de esta afectación depende en gran medida de las decisiones que él mismo ha tomado a lo largo del tiempo, y agrega que su intento de presentar su situación como una coacción es más bien un reflejo de su propio miedo a ser detenido, un temor que, según él, no puede ser protegido cautelarmente.

El fiscal también destacó que no es tarea del Constitucional revisar la orden de detención en este proceso, subrayando que la única cuestión relevante es si hay un verdadero riesgo de fuga, un riesgo que, sostiene, ha sido evidentemente consumado por Puigdemont al evadir la justicia.

“No hay nada que restablecer en términos de libertad personal para el actor, ya que la mantiene voluntariamente al permanecer fuera del alcance de la justicia española”, concluyó Crespo en su escrito.

Esta postura del Fiscal se alinea con su evaluación respecto al exvicepresidente catalán Oriol Junqueras, a quien se le negó también el levantamiento cautelar de su inhabilitación, argumentando que ello anticiparía el fallo del TC. En ambos casos, la Fiscalía considera que la medida cautelar no tendría fundamento.

El TC, por su parte, decidió no emitir una resolución inmediata sobre la solicitud de Puigdemont y ha optado por estudiar ambos casos por separado en el curso de sus respectivos amparos. Fuentes legales han señalado que, aunque este tipo de solicitudes de medidas cautelares son comunes, su aprobación es poco frecuente, lo que lleva a anticipar un posible rechazo en ambos casos por parte del tribunal constitucional.