En un movimiento que refleja las tensiones políticas en Venezuela, la Fiscalía del país ha solicitado a Interpol que emita una 'alerta roja' contra Leopoldo López, destacado líder opositor y figura de Voluntad Popular, en una acción que resuena en el contexto internacional.

William Tarek Saab, el fiscal general de Venezuela, realizó una declaración en rueda de prensa en la que expuso las graves acusaciones que pesan sobre López, quien reside actualmente en España. Según Saab, el opositor es señalado de instigar actos de violencia contra el Estado, así como de traición y pertenencia a una organización delictiva.

El trasfondo de esta solicitud se asocia con el respaldo que López ha mostrado hacia la controvertida propuesta de Álvaro Uribe, exmandatario colombiano, sobre la posibilidad de una intervención militar en Venezuela. Saab no escatimó en calificaciones, refiriéndose a Uribe como un "enfermo mental", y arrojando críticas contundentes sobre su legado, que describe como uno marcado por la violencia y el sufrimiento humanitario.

En sus declaraciones, Saab destacó lo que considera un legado sombrío de Uribe, acusándolo de haber transformado a Colombia en un "cementerio". Habló de "asesinatos en serie" perpetrados bajo su mando, aludiendo a los escabrosos “falsos positivos”, que se refieren a ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas armadas en su administración, donde miles de inocentes perdieron la vida.

Esta no es la primera vez que la Fiscalía venezolana busca acciones legales en contra de López. En el marco de la develación de una red de corrupción relacionada con la empresa petrolera estatal, PDVSA-Cripto, ya se había solicitado una orden de captura. Adicionalmente, en mayo de 2021, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela realizó una petición formal a España para su extradición.

El contexto de estas acciones se complica aún más con la reciente toma de posesión de Nicolás Maduro, quien ha comenzado su tercer mandato en medio de acusaciones de irregularidades elecciones. Maduro, en un discurso que promete un "periodo de paz", enfrenta un clima de desconfianza tras las elecciones del 28 de julio, donde la oposición clamó fraude en el proceso electoral.