El panorama político en España se ha vuelto a agitar tras la reciente aprobación de la nueva Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) en el Consejo de Ministros, creando una profunda división entre los miembros del Gobierno. Sumar, el socio minoritario del Ejecutivo, ha dejado claro su desacuerdo con la propuesta, especialmente en lo que respecta a la limitación de la acusación popular, advirtiendo que no brindará su apoyo en el Congreso si esta restricción permanece en el texto.

En un comunicado emitido este martes, Sumar ha manifestado su preocupación por la intención de restringir la capacidad de asociaciones, sindicatos y grupos de la sociedad civil para ejercer la acusación popular. Esta figura ha sido considerada por Sumar como un mecanismo esencial para permitir que la ciudadanía supervise y controlen los abusos de poder en ámbitos económicos y políticos.

Además, la formación política ha subrayado la urgencia de constituir una ley que fortalezca la protección de los derechos fundamentales en los procesos judiciales, incluyendo la necesidad de garantizar el uso de las lenguas cooficiales en todo el Estado. Este enfoque refleja un compromiso por parte de Sumar hacia una justicia más inclusiva y respetuosa con la diversidad lingüística y cultural de España.

Frente a estas preocupaciones, Sumar ha reiterado su postura de rechazo ante cualquier medida que limite la acusación popular. En lugar de aceptar restricciones, el partido ha manifestado su intención de trabajar en el fortalecimiento de esta herramienta y en la inclusión de más salvaguardias que aseguren un enfoque garantista en la nueva ley.