En una jornada significativa para el sistema judicial español, el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha dado a conocer esta mañana la nueva Ley del Derecho a la Defensa. Esta legislación, que incluye importantes progresos en el acceso a la justicia, permitirá el uso de lenguas cooficiales en los tribunales, abarcando tanto el Tribunal Supremo como la Audiencia Nacional.

Aprobada como Ley Orgánica, la normativa, que cuenta con un total de 18 páginas, entrará en vigor el próximo 3 de diciembre, veinte días tras su publicación oficial. La Ley fue ratificada en el Senado el pasado 30 de octubre después de ser remitida desde el Congreso el 11 de julio, sin obtener votos en contra, aunque con la abstención de los grupos parlamentarios del PP y Vox.

Una de las principales innovaciones de esta ley es la autorización para utilizar cualquier lengua oficial de la comunidad autónoma en los tribunales, lo que no solo facilitará la comunicación en el idioma nativo de los ciudadanos, sino que también permitirá recibir las notificaciones judiciales en esa lengua. Esto representa un avance hacia la inclusión y la atención a la diversidad cultural en el ámbito judicial.

La ley no solo se enfoca en el acceso a la justicia en términos lingüísticos, sino que también amplía el derecho de defensa al contemplar métodos alternativos de resolución de conflictos, como la mediación, el arbitraje y la conciliación. Adicionalmente, garantiza el derecho a un lenguaje claro y comprensible en todas las actas judiciales, resoluciones y comunicaciones, lo que debería contribuir a una mejor comprensión del proceso judicial por parte de la ciudadanía.

La normativa también se preocupa por asegurar que la asistencia jurídica sea "siempre accesible universalmente", regulando las funciones de los profesionales del turno de oficio y buscando que todas las personas, independientemente de su situación económica, puedan ejercer su derecho de defensa en condiciones de igualdad. Además, se establece el derecho de los usuarios a estar informados previamente sobre los honorarios de sus abogados y los costes derivados de un proceso judicial.

Otro aspecto destacado de la ley es la posibilidad para los abogados de solicitar la suspensión de procedimientos judiciales o el reprogramado de actuaciones procesales en situaciones de fuerza mayor, como el nacimiento o cuidado de un menor, o la hospitalización de un cónyuge. También se contemplan situaciones de enfermedad grave o accidentes que requieran atención médica, ampliando así los derechos y el bienestar de los profesionales del derecho.

Este proyecto de ley había sido inicialmente presentado en abril de 2023 por la entonces ministra de Justicia, Pilar Llop. Sin embargo, su tramitación se interrumpió debido a la disolución de las Cortes por el adelanto electoral. Fue rescatado y reintroducido por el actual Gobierno de Pedro Sánchez en enero de este año, marcando un paso decisivo hacia un sistema judicial más inclusivo y accesible para todas las personas en España.