La reciente ampliación de la lista de empresas vinculadas a los asentamientos israelíes en territorios palestinos ocupados por parte de Naciones Unidas ha generado controversia y reflexiones sobre la ética empresarial. En total, 158 compañías figuran en este listado, entre las cuales se encuentran cuatro empresas españolas: SEMI, CAF, Ineco y ACS, aunque las dos últimas han rechazado cualquier tipo de conexión con las actividades en cuestión.

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos incluyó 68 nuevas entidades que, según sus hallazgos, suministran materiales y equipos que facilitan la construcción y mantenimiento de estos asentamientos, además de contribuir a la demolición de viviendas palestinas y a la vigilancia en la zona. Esta ampliación de la 'lista negra' subraya la complejidad y las implicaciones de las operaciones empresariales en contextos de conflicto.

La investigación inicial abarcó 215 empresas, de las cuales 158 se identificaron como implicadas en actividades que contravienen el derecho internacional, como la explotación de recursos naturales y la generación de desechos en aldeas palestinas. Si bien la mayoría de estas compañías son de origen israelí, otras representan a países como Francia, Alemania, Canadá y Estados Unidos, lo que demuestra el alcance global del fenómeno.

En el caso específico de las empresas españolas, menos de un mes después de la inclusión en la lista, ACS se ha apresurado a aclarar que no mantiene contratos en los territorios ocupados, sosteniendo que la inclusión se debe a antecedentes de sus filiales, ahora bajo el paraguas del grupo francés Vinci. En este sentido, SEMI, vendida a Vinci hace cuatro años, enfrenta acusaciones similares a las de ACS, ambas señaladas por el uso de recursos hídricos y tierras en áreas en disputa.

Ineco, por su parte, ha enfatizado que su trabajo se limita a territorios reconocidos por la comunidad internacional y que su colaboración en una línea de tranvía que penetra en el territorio ocupado no implica un compromiso con las prácticas ilegales allí. Desde octubre de 2023, tras el conflicto armado entre Hamás e Israel, la empresa ha iniciado una desvinculación con actores israelíes, dejando claro su deseo de no participar en nuevos contratos.

En el caso de CAF, que cuenta con inversión pública del Gobierno vasco, la compañía ha reconocido su implicación en un proyecto de tranvía en la zona ocupada, defendiendo, no obstante, su respeto por los derechos humanos. En contraste, Alstom, otra firma francesa originalmente incluida en la lista, ha logrado salir de esta tras demostrar que no tiene operaciones en Cisjordania.

Otras empresas de renombre, como TripAdvisor, Booking.com y Airbnb, también aparecen en la lista, reflejando el dilema ético que enfrentan las organizaciones en contextos de conflicto. Curiosamente, algunas que formaban parte del listado han sido eliminadas, como la española eDreams, lo que resalta la fluctuante naturaleza del escrutinio internacional.

El Alto Comisionado de la ONU, Volker Turk, subrayó la importancia de que las empresas asuman la responsabilidad de sus actividades en entornos conflictivos y que los Estados implementen acciones que garanticen justicia para las víctimas de abusos relacionados. Turquía recordó la relevancia del acceso a recursos que sean coherentes con el derecho internacional para quienes sufren las consecuencias de estas acciones empresariales.

La Corte Internacional de Justicia, en un fallo de julio de 2024, dictaminó que la política de asentamientos israelíes contradictoria a la Cuarta Convención de Ginebra debe cesar de inmediato, una decisión que las autoridades israelíes han ignorado, reflejando la complejidad del conflicto y la constante tensión por los derechos palestinos.