Una reciente declaración de la Comisión de Investigación de la ONU sobre Siria lanza un firme llamado a las nuevas autoridades del país para que se comprometan a garantizar que "estos crímenes nunca se repitan". El momento histórico en que nos encontramos exige una acción decidida y contundente, ya que se está en una coyuntura crítica después de años de sufrimiento y violaciones de derechos humanos.

El informe, que se hizo público este lunes desde Madrid y lleva el título 'Red de agonía: detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos en la República Árabe Siria', es el resultado de un exhaustivo trabajo de investigación que abarca más de un centenar de páginas. Este documento detalla cómo, desde el inicio del conflicto en Siria, el régimen de Bashar al Assad ha llevado a cabo prácticas sistemáticas de detención arbitraria, tortura y desapariciones forzadas, constituyendo así violaciones masivas de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, además de transgredir el Derecho Internacional Humanitario.

El informe ofrece un análisis sin precedentes de las atrocidades cometidas por el gobierno sirio, basado en más de 2,000 testimonios recolectados, que incluyen 550 entrevistas con sobrevivientes de torturas realizadas en un periodo que va desde marzo de 2011 hasta diciembre de 2020. Esta recopilación de datos revela un patrón inquietante en las violaciones a los derechos humanos, que se han repetido a lo largo de casi una década, dejando al descubierto una intención discriminatoria que ha alimentado la crisis actual.

Llama la atención que las prácticas abusivas del régimen pudieron haber sido evitadas; las autoridades gubernamentales, que son responsables de garantizar los derechos humanos, eran plenamente conscientes de las atrocidades que se estaban cometiendo. A pesar de la magnitud de estas violaciones, la transparencia y la rendición de cuentas han brillado por su ausencia, y muchas denuncias de tortura han quedado sin respuesta.

El informe también hace hincapié en la tragedia que representa la desaparición forzada de miles de personas, un fenómeno que continúa sin esclarecimiento alguno. Las familias de las víctimas siguen buscando respuestas, mientras que el gobierno ha fallado en proporcionar información clara acerca del paradero de los desaparecidos, lo que agrava aún más el dolor de quienes esperan justicia y verdad.

Además, aunque existen pruebas de que en algunos casos se brindó información parcial sobre la situación de los desaparecidos, la mayoría de los casos siguen siendo un misterio. La falta de acción resulta alarmante, especialmente considerando que este sistema de detención se apoyaba en un aparato burocrático bien organizado que podría haber proporcionado respuestas.

La situación de las víctimas de tortura no solo representa un desafío legal, sino un trauma nacional que perdurará en la sociedad siria durante generaciones. Las informaciones indican que numerosas personas han sido liberadas tras pagar sobornos a funcionarios, lo que demuestra cómo el sufrimiento y la desesperación de las familias fueron explotados por quienes están dentro del sistema de detención.

El informe también señala la complicidad de los Estados que han respaldado al régimen de Al Assad, quienes han sido testigos de estas violaciones documentadas y denunciadas desde hace más de una década. Más allá de las intervenciones internacionales, el desplazamiento masivo de la población ha sido el único factor que ha reducido las violaciones, lo que pone de relieve la gravedad de la situación enfrentada por quienes aún residen en Siria.

Para lograr una resolución justa de la crisis, es crucial poner fin a las violaciones y garantizar los derechos de los sobrevivientes a obtener reparación. La Comisión ha instado a las nuevas autoridades a preservar las pruebas y los archivos relacionados con los crímenes para que puedan ser examinados adecuadamente.

El presidente de la comisión, Paulo Sergio Pinheiro, destacó la importancia de este momento al afirmar que las autoridades sirias tienen la oportunidad de asegurar que atrocidades similares no vuelvan a ocurrir. "Esperamos que nuestras conclusiones, tras casi 14 años de investigaciones, ayuden a poner fin a la impunidad", expresó.

Coincidentemente, mientras se finalizaba este informe, una coalición de grupos armados liderados por Hayat Tahrir al Sham logró derrocar al régimen de Al Assad y liberar a los detenidos. Este desarrollo ha llevado a la Comisión a solicitar que se rinda cuentas por los abusos y se garantice que las familias conozcan la verdad sobre el destino de sus seres queridos.

Por otro lado, el comisionado Hanny Megally instó a que las iniciativas de justicia en el ámbito nacional sean creíbles y permitan a los sobrevivientes y sus familias jugar un papel central en el proceso de justicia.

Establecida en agosto de 2011 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Siria ha tenido el mandato de investigar todas las presuntas violaciones de derechos humanos desde el inicio del conflicto. Su trabajo ha sido fundamental para documentar y dar visibilidad a las atrocidades que siguen marcando la vida de millones en Siria.