La Policía Nacional ha requisado información en la sede del Gobierno de Melilla como parte de una investigación sobre la presunta compra de votos en la pasada campaña electoral de las municipales del 28 de mayo. Los agentes practicaron esta diligencia en el marco de un mandamiento judicial para llevar a la práctica un volcado de datos en el Palacio de la Asamblea, sede del Gobierno melillense.

El Ejecutivo de la ciudad autonómica colaboró con el mandamiento judicial, que no incluyó registros en dependencias gubernamentales ni incautaciones físicas de ordenadores o discos duros por parte de los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).

El presidente en funciones de Melilla, Eduardo de Castro, ha reconocido este viernes en rueda de prensa que la diligencia policial es "algo serio", aunque sin dar más detalles already que se trata de una causa declarada secreta por el Juzgado de Instrucción número 2 de la ciudad. Además, ha señalado que había firmado un decreto para pedir colaboración de los funcionarios en lo relativo a la documentación requerida.

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ordenó que Anticorrupción asumiera el caso ya que lo consideró de "trascendencia desde punto de vista social y política". Según el escrito de la Fiscalía, el entramado delictivo dio comienzo el 4 de abril y habría sido llevada a cabo, según las averiguaciones practicadas, por varios individuos afines o relacionados con el partido político Coalición por Melilla".

La pretensión era "alterar la libre manifestación de la voluntad popular" en las elecciones municipales y autonómicas del 28-M que ganó el PP con mayoría absoluta. Según el Ministerio Público, los implicados conformarían una estructura organizada, con planificación previa y concertada, que se estaría financiando con parte de los fondos obtenidos por empresas y particulares relacionadas con el partido político Coalición por Melilla".

El decreto del fiscal general hablaba de una "operación a gran escala de compra de votos, mediante la que se abonaban entre 100 y 50 euros a un importante número de ciudadanos alterando la mecánica legalmente establecida del voto por correo". Correos informó el 26 de mayo de que había dado por válidos 5.814 votos por correo en Melilla, casi la mitad de las 11.700 solicitudes tramitadas en la ciudad autónoma. La Junta Electoral ordenó, además, que se pidiera el DNI para la entrega de los votos, dentro de una serie de medidas para garantizar la limpieza de los comicios.