El Parlamento Europeo ha puesto en duda la capacidad del Gobierno de Viktor Orbán en Hungría para asumir la presidencia de la UE en el segundo semestre de 2024. Los eurodiputados han pedido a la Comisión Europea una respuesta firme ante los ataques de Orbán a los valores europeos y su negativa a las políticas europeas con respecto a Rusia. Los miembros del Parlamento han exigido que Bruselas libere fondos europeos solo si Orbán pone fin a leyes dictadas contra jueces, profesores y minorías sociales. La Eurocámara, con el apoyo de los populares, socialistas, liberales, verdes e izquierda, ha emitido una resolución cuestionando que Hungría pueda desempeñar el papel de presidencia semestral de la UE de manera creíble.

La eurodiputada neerlandesa Sophie in't Veld ha denunciado que es el Consejo, que se compone de los Veintisiete, quien debe tomar medidas contra Hungría, ya que proporciona a Budapest poderes y herramientas de negociación, incluido el veto. "Es un sistema perverso y le mantiene poderoso", ha afirmado. La eurodiputada 'popular' Isabel Wiseler-Lima ha solicitado al Consejo que encuentre una solución que proteja a la UE y sus valores fundamentales sin especificar qué medida deberían tomar.

Desde el lado socialista, el eurodiputado neerlandés Thijs Reuten ha afirmado que todos los estados miembros deberían entender la "seriedad" de lo que está sucediendo en Hungría. "No es una democracia y se sienta en la mesa con los estados miembros sin ser una democracia", ha defendido, insistiendo en que Orbán usa a la UE como "un cajero automático" sin comprometerse con los valores europeos. Además, ha añadido que Orbán ha vetado decisiones importantes, como el apoyo a Ucrania, lo que afecta gravemente la credibilidad de la UE.

Solo los miembros de extrema derecha y algunos eurodiputados húngaros se han mostrado en contra de la resolución, argumentando que discrimina a un estado miembro y castiga a su población. Además, han afirmado que se trata de una injerencia por parte del Parlamento Europeo.

El responsable de Justicia de la Comisión Europea, Didier Reynders, ha comentado la situación con respecto a la reforma judicial en Hungría. El Gobierno húngaro aprobó a principios de mayo esta reforma para desbloquear la entrega de 13.000 millones de euros de fondos europeos. Reynders ha dicho que esta reforma es un "importante paso en la buena dirección", pero ha subrayado que Budapest debe cumplir más hitos previstos en su plan de recuperación para acceder al total de las partidas. También ha instado a Hungría a evitar intervenciones selectivas en la economía para no dar ventajas a determinadas empresas.