El 23 de julio en Madrid, se ha conocido que la compañía pública belga encargada de gestionar la infraestructura ferroviaria, SNCB, ha designado a la empresa española CAF como su opción preferida para la adjudicación de un contrato valorado en 1.695 millones de euros. Sin embargo, SNCB ha solicitado a CAF que confirme el cumplimiento de los derechos humanos y las normativas internacionales en todas sus actividades.

En un comunicado oficial, SNCB, que opera de forma similar a lo que hace Adif en España, ha subrayado que, antes de proceder con la adjudicación final, será fundamental que CAF demuestre su compromiso no solo con los derechos humanos, sino también con la incorporación de proveedores locales en la fabricación de los trenes.

Esta exigencia sobre derechos humanos surge en respuesta a las inquietudes planteadas por sindicatos y organizaciones políticas en Bélgica, que han manifestado su preocupación por la participación de CAF en un proyecto de tranvía en Jerusalén, que se extiende a zonas ocupadas y ha sido considerado ilegal por organizaciones como Amnistía Internacional y las Naciones Unidas.

Adicionalmente, la solicitud de trabajar con proveedores locales se enmarca dentro de un contexto político donde existe presión para que el contrato sea adjudicado a Alstom, la empresa competidora francesa que cuenta con cuatro centros de producción en Bélgica, donde emplea a alrededor de 1.900 trabajadores, según datos de la compañía.

La controversia se intensificó cuando el Consejo de Estado de Bélgica revocó la decisión de SNCB de otorgar el contrato a CAF en febrero, exigiendo una justificación más detallada sobre este proceso de selección.

El contrato en cuestión contempla un acuerdo marco para la provisión de trenes de cercanías en Bélgica, con una capacidad total de hasta 170.000 plazas, comenzando con un compromiso base de 1.695 millones de euros para unidades destinadas a 54.000 plazas.