BRUSELAS, 17 de diciembre.

El Parlamento Europeo ha tomado este martes una decisión crítica al aprobar, casi en el último momento, la propuesta de la Comisión Europea que pospone en un año el veto sobre las ventas de productos como el cacao, el café y el aceite de palma, que están directamente vinculados a la deforestación. Esta medida evita que las nuevas obligaciones entren en vigencia de forma automática a partir de enero de 2025.

Con un claro respaldo, los eurodiputados han ratificado el acuerdo provisional alcanzado con el Consejo el pasado 4 de diciembre, obteniendo 546 votos a favor, en contraste con 97 en contra y 7 abstenciones, lo que refleja un amplio consenso en torno a esta delicada cuestión ambiental.

En una votación previa el 14 de noviembre, la Eurocámara ya había mostrado su apoyo a la moratoria de un año, aunque en esa ocasión introdujo varias enmiendas en el texto. Una de las enmiendas más destacadas, impulsada por el Partido Popular Europeo (PPE), proponía la creación de una categoría adicional para países que no representen riesgo de deforestación, sumándose así a las tres categorías ya existentes, que clasifican el riesgo como “bajo,” “normal” y “alto.”

Sin embargo, dichas modificaciones obligaron a que el Consejo se pronunciara nuevamente, y el 20 de noviembre, este organismo desechó casi por unanimidad todas las enmiendas propuestas por el Parlamento Europeo, según fuentes diplomáticas que hablaron con Europa Press.

A pesar de que la nueva ley de deforestación entró en vigor el 29 de junio de 2023, la reciente aprobación del Parlamento asegura que las nuevas normativas no se implementarán hasta el 30 de diciembre de 2025, extendiendo el plazo que originalmente estaba previsto para 2024.

La propuesta de la Comisión Europea para retrasar la aplicación de esta ley responde a las preocupaciones planteadas por socios internacionales, quienes señalaron la complejidad que conlleva el cumplimiento del nuevo marco legal de la Unión. Este periodo de moratoria deberá ser formalizado y publicado en el Diario Oficial antes del 30 de diciembre de 2024.