La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), reconocida como "la espina dorsal" de la respuesta humanitaria en Gaza ante la clínicamente devastadora crisis provocada por la ofensiva militar israelí, enfrenta una etapa crítica que amenaza su continuidad.

Establecida en 1949 tras la creación del Estado de Israel y el consiguiente desplazamiento masivo de palestinos, la UNRWA se ha convertido en la principal agencia de ayuda humanitaria para los refugiados palestinos tanto en los Territorios Palestinos Ocupados como en otros países de la región. Sin embargo, en el contexto de la creciente violencia que se intensificó tras los ataques del 7 de octubre de 2023, la UNRWA se encuentra en serios apuros financieros que ponen en riesgo sus operaciones.

Desde los mencionados ataques, Israel ha intensificado su campaña crítica contra la agencia, alegando que más de diez de sus empleados estuvieron involucrados en esos incidentes. Más preocupante aún, Israel sostiene que alrededor de 1.500 miembros de la UNRWA, representando más del diez por ciento de su personal, son supuestos "miembros activos" de grupos como Hamás o Yihad Islámica.

Como consecuencia de estas acusaciones, varios países, liderados por Estados Unidos, decidieron suspender sus contribuciones a la UNRWA. Aunque estas ayudas han comenzado a reanudarse gradualmente, un informe de una comisión externa ha señalado que la agencia presenta áreas de posible mejora, especialmente en temas como la neutralidad y la transparencia, sin embargo, desestimó las afirmaciones israelíes por falta de pruebas concretas.

A pesar de la reanudación parcial de financiamiento, las autoridades israelíes continúan con su ofensiva. En octubre de 2024, el Parlamento israelí aprobó dos proyectos de ley que buscan prohibir las actividades de la UNRWA, tanto en el país como en Jerusalén Este, una zona ocupada ilegalmente desde 1967. Esta decisión ha generado un fuerte rechazo en la comunidad internacional, que defiende que esta parte de la ciudad debe ser la capital de un futuro Estado de Palestina.

Uno de los proyectos de ley descalifica a la UNRWA como una organización "terrorista", prohibiendo a los funcionarios israelíes cualquier interacción con ella, mientras que el segundo impide que la agencia brinde servicios en Israel, lo que complicaría aún más su labor humanitaria en los Territorios Ocupados.

Este desarrollo legal se enmarca en un contexto de creciente hostilidad hacia la UNRWA, que ha sido sometida a años de acusaciones y una campaña de desprestigio por parte de Israel. Estas acciones sugieren un intento deliberado por desmantelar la agencia y transferir sus funciones a otros organismos de la ONU y a ONG, socavando así su labor y su legado.

Con estas restricciones en marcha, la UNRWA se enfrenta a un desafío monumental, justo cuando un alto el fuego temporal se ha implementado en Gaza y, al mismo tiempo, se intensifican las necesidades humanitarias en este territorio devastado por la guerra. La UNRWA, de hecho, había sido llamada a desempeñar un papel crucial en la entrega de asistencia a las comunidades afectadas.

La organización fue concebida gracias a la resolución 302(IV) de la Asamblea General de la ONU en diciembre de 1949, apoyada por Israel, con la finalidad de proporcionar ayuda a los refugiados palestinos, que en ese entonces ascendían a aproximadamente 700.000 personas. Aún así, esta situación ha perdurado durante más de siete décadas sin una solución definitiva a la vista.

Con un mandato vigente hasta el 30 de junio de 2026, la UNRWA no ha conseguido resolver el tema de los refugiados palestinos, uno de los puntos más sensibles en cualquier proceso de paz, y continúa esperando un acuerdo que permita la creación de un Estado de Palestina, en consonancia con la solución de dos Estados que muchos consideran esencial.

Los refugiados palestinos, que fueron excluidos del apoyo del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), han dependido históricamente de la UNRWA. Esta exclusión está claramente delineada en la Convención sobre el Estatus de los Refugiados, ratificada en Ginebra en 1951.

El documento estipula que "esta convención no debe aplicarse a personas que están en estos momentos recibiendo protección o asistencia de órganos o agencias de la ONU al margen de ACNUR". También subraya que si esa protección se termina, estos individuos recuperarán automáticamente los beneficios contemplados en la convención.

La definición de refugiados palestinos incluye a aquellos que perdieron su hogar como resultado del conflicto de 1948, así como a sus descendientes, incluidos hijos adoptivos, lo que ha permitido que la UNRWA sirva a más de 5,9 millones de palestinos en la actualidad, de los cuales más de 1,5 millones residen en campamentos de refugiados repartidos en Gaza, Cisjordania, Jordania, Líbano y Siria.

Los servicios proporcionados por la UNRWA se centran principalmente en la educación, pero también abarcan atención sanitaria, gestión de aguas residuales, trabajos medioambientales y control de enfermedades. No obstante, la seguridad en estas áreas está a cargo de las autoridades locales, lo que complica aún más la entrega efectiva de ayuda humanitaria en un escenario ya frágil.

A pesar de los intentos de Israel de facilitar la entrega de ayuda a Gaza, han dejado claro que no permitirán que la UNRWA se centralice o distribuya recursos, sugiriendo que otras agencias deberían asumir esta crucial tarea.

Israël ha criticado a la UNRWA durante años, acusándola de perpetuar el status de los refugiados palestinos y de fomentar sentimientos antiisraelíes a través de su material educativo. Estas reclamaciones se han intensificado ante la determinación del Estado israelí de evitar el derecho al retorno de los refugiados, un asunto central en cualquier proceso de paz.

Como resultado de estas tensiones, Israel ha abogado por una ruptura definitiva de todos los lazos con la UNRWA a partir del 30 de enero, fecha en la que se implementarán las prohibiciones aprobadas por la Knesset.

No obstante, según el secretario general de la ONU, António Guterres, cualquier intento de prohibir las actividades de la UNRWA constituiría una violación del Derecho Internacional y de la Carta de Naciones Unidas, considerando el rol de Israel como potencia ocupante, que le conlleva la responsabilidad de garantizar servicios esenciales a la población bajo ocupación.

La UNRWA ha sido objeto de ataques y, lamentablemente, ha perdido 165 de sus trabajadores debido a la violencia en Gaza, donde más de 200 de sus instalaciones han sido dañadas. Philippe Lazzarini, el comisionado general de la agencia, ha enfatizado que la implementación de estas nuevas medidas podría resultar en "un completo desastre".

La población de Gaza, casi en su totalidad desplazada y atrapada en una crisis humanitaria sin precedentes debido a los ataques israelíes, se encontrará en una situación aún más crítica con los nuevos obstáculos que enfrenta la UNRWA para proporcionar asistencia esencial en el enclave.