Según un reciente análisis realizado por el Observatorio del Alquiler de la Fundación Alquiler Seguro y la Universidad Rey Juan Carlos, se revela que un alarmante 83,8% de las viviendas en alquiler en España se verán obligadas a realizar importantes inversiones para cumplir con la normativa energética vigente. Este cambio responde a la creciente presión normativa de la Unión Europea que busca mejorar la sostenibilidad de los edificios y reducir el consumo energético en todo el territorio europeo.

Para adaptarse a estas exigencias, los hogares que actualmente poseen una etiqueta energética ineficiente deberán destinar entre 10.000 y 20.000 euros a mejorar su eficiencia energética. Este aumento de capital se considera indispensable para garantizar que los espacios residenciales no solo cumplan con las normativas, sino que también contribuyan a un futuro más sostenible, evitando el desecho de recursos y reduciendo la huella de carbono.

El panorama energético en España es preocupante: apenas un 16,2% de las viviendas alquiladas cuentan con una calificación energética eficiente, correspondiente a las categorías A, B, C o D. Esto significa que un abrumador 83,8% de estos hogares son catalogados como ineficientes. Dentro de este último grupo, el 62,3% poseen una calificación E, lo que indica que son susceptibles de mejorar; mientras que un 21,5% se encuentran en las categorías más desfavorables, F o G, y requieren atención urgente para su rehabilitación.

La legislación europea establece que es imperativo reducir el consumo energético en el parque de viviendas residenciales en un 16% antes de 2030. Esta cifra se incrementará a aproximadamente entre un 20% y un 22% para el año 2035. Además, se exige que el 55% de esta reducción provenga de la renovación del 43% de los edificios con las calificaciones más ineficientes.

El estudio destaca que una vivienda clasificada como E podría eliminar un 35% de la demanda energética asociada a calefacción y refrigeración si se invierte alrededor de 9.900 euros. Asimismo, puede lograr una reducción del consumo de energía primaria de entre un 30% y un 45% con dicha inversión.

En caso de que se busque una reducción más ambiciosa de entre el 45% y el 60% en el consumo de energía primaria, se estima que las viviendas tendrían que contemplar un presupuesto de aproximadamente 14.000 euros. Para alcanzar un recorte superior al 60%, que implicaría mejorar tanto el aislamiento como los sistemas de aerotermia, la inversión necesaria podría elevarse hasta 22.000 euros.

Los resultados de este análisis indican que adoptar estas mejoras no solo es un imperativo legislativo, sino que también puede conllevar beneficios económicos significativos. Pasar de una etiqueta energética E a una C, por ejemplo, podría traducirse en un ahorro en las facturas de energía de hasta un 35%. Actualmente, una vivienda con etiqueta E tiene un coste promedio de 1.483 euros al año, mientras que para aquellas con etiqueta C, ese gasto descendería a 971 euros anuales.

Además, el contraste en gastos se vuelve aún más evidente al observar que la diferencia anual puede ascender a hasta 1.000 euros entre un hogar con etiqueta A (661 euros) y uno con etiqueta G (1.658 euros). Esta dinámica no solo resalta la urgencia de adaptar las viviendas a normativas más estrictas, sino que también subraya la importancia de crear un entorno residencial que sea eficiente y accesible para todos.