En un evento histórico para la protección de los océanos, el 13 de enero marca el inicio de un nuevo capítulo con la implementación del Tratado de los Océanos, conocido también por su acrónimo en inglés, BBNJ. Este acuerdo ambicioso, respaldado por 141 países y ratificado por 81, abre el camino para establecer hasta 20 áreas marinas protegidas en alta mar, entre las que destaca la Corriente de las Islas Canarias, situada en la costa atlántica de África Occidental.

Tekau Frere, coordinadora de Áreas Marinas Protegidas de High Seas Alliance, compartió detalles sobre las propuestas emergentes en una reciente conferencia de prensa. Además de la Corriente de las Islas Canarias, mencionó otros sitios prometedores como el domo termal de Centroamérica, las cordilleras de Salas y Gómez y Nazca en la costa sudamericana, así como la elevación de Lord Howe en el mar de Tasmania, y distintos puntos en las ecorregiones del océano Índico, incluyendo las islas Crozet y Kerguelen.

Frere subrayó la importancia del compromiso de diversas organizaciones que ya están trabajando en desarrollar propuestas concretas para estos lugares. "Algunos grupos están en fase de exploración y diálogo con científicos para asegurar un enfoque sólido y fundamentado", afirmó la experta.

El Tratado de los Océanos busca asegurar la conservación y el uso sostenible de cerca de dos tercios de las aguas del planeta, siendo la creación de una red global de áreas marinas protegidas en alta mar uno de sus logros más anticipados.

Con la implementación del tratado, los países firmantes deben convocar la primera Conferencia de las Partes antes del 17 de enero de 2027, un encuentro que se llevará a cabo en Nueva York, según indicó Adam McCarthy, asesor jurídico principal de Australia y copresidente del Comité Preparatorio del BBNJ.

Durante esta cumbre inaugural, se definirán cuestiones cruciales, como la sede del Secretariado del Tratado. McCarthy informó que, hasta ahora, las ciudades postulantes son Valparaíso en Chile, Bruselas en Bélgica, y una opción híbrida que incluiría al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. "Es posible que surjan más candidaturas, pero la decisión se tomará en esta primera COP", añadió.

Por su parte, Janine Coy Felsen, embajadora de Belice ante la ONU y copresidente del Comité Preparatorio, destacó las tensiones que han surgido en las negociaciones, especialmente en torno a la directividad que debería tener el tratado respecto a acuerdos previos. Felsen subrayó la complejidad de equilibrar el patrimonio común de la humanidad con las libertades asociadas a la alta mar, así como el papel de los actores no estatales en estos procesos.

Reza Sakharjahukos, coordinador regional para Asia en High Seas Alliance, explicó que varias obligaciones del tratado comenzarán a aplicarse de inmediato el 17 de enero. Esto incluye la obligación de que los estados realicen evaluaciones de impacto ambiental para actividades planeadas en alta mar, además de aquellas dentro de su jurisdicción que puedan afectar esas áreas.

Además, los estados tendrán la responsabilidad de adoptar políticas que aseguren la notificación, el registro y la distribución equitativa de los beneficios relacionados con recursos genéticos marinos, así como promover la cooperación internacional en la investigación científica marina mediante el desarrollo y transferencia de tecnologías.

Sakharjahukos concluyó mencionando que, aunque algunas obligaciones dependen de la creación de instituciones correspondientes, otras pueden empezar a implementarse inmediatamente: "Existen suficientes ejemplos prácticos que demuestran que los países pueden comenzar a actuar bajo este marco de cooperación".