
Recientemente, el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE) ha alcanzado un total de 629 taxones, que son grupos de seres vivos clasificados científicamente. Este listado, que incluye una notable variedad de carnívoros, entre ellos el lobo, así como el lynx ibérico, el oso pardo, el águila, y otros, está diseñado para asegurar la conservación de la biodiversidad en España.
Este registro se estableció en 2007 como parte de la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, la cual busca alinear la legislación española con directrices europeas sobre la protección de la naturaleza. Dentro del marco del LESPRE, también se creó el Catálogo Español de Especies Amenazadas, que reconoce a aquellas especies catalogadas como 'vulnerables' y 'en peligro', asegurando así planes específicos de conservación y recuperación.
Luis Suárez, coordinador de conservación de WWF, explicó que, entre las 629 especies en el LESPRE, hay 172 de flora, 66 invertebrados, 26 tipos de peces, 20 anfibios, 52 reptiles, 250 aves y 43 mamíferos. Si se consideran las especies del Catálogo Español de Especies Amenazadas, el número total de taxones asciende a 974.
El proceso de modificación del LESPRE no solo se rige por las leyes de la Unión Europea, que estipulan la inclusión automática de las especies protegidas, sino que también permite que las comunidades autónomas, así como cualquier ciudadano u organización, soliciten cambios en el listado. Para que se acepte una modificación, es imprescindible un dictamen científico que será analizado por el Gobierno, específicamente por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), el cual deberá alcanzar un consenso con las comunidades involucradas.
Un caso emblemático fue el del lobo ibérico, cuyo ingreso en el LESPRE se llevó a cabo tras una solicitud de la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL). A pesar de que el comité científico determinó que no había justificación sólida para considerarlo vulnerable, sí se acordó su inclusión. Sin embargo, la controversia surge cuando se compara este proceso con la reciente exclusión de las poblaciones del lobo al norte del Duero del LESPRE, que ocurrió sin un adecuado debate público, merced a una enmienda en la Ley de Desperdicio Alimentario.
Gaspar Anabitarte, portavoz de Fauna Salvaje y ganadería de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), afirma que la inclusión del lobo en el listado fue una "maniobra cuestionable". Argumenta que los ganaderos siempre encontrarán el LESPRE problemático debido a su falta de objetividad respecto a la regulación de la extracción de ejemplares que puedan causar conflictos.
El debate en torno al lobo no es el único que preocupa a los conservacionistas. Suárez menciona la tórtola común, donde existe un consenso científico sobre su inclusión en el listado, pero se optó por no hacerlo por razones políticas. La Comisión Europea ha permitido recientemente la reanudación de la caza de esta ave tras una moratoria que había sido implementada debido a su drástico descenso poblacional.
Mario Giménez de SEO/BirdLife enfatiza que la caza de especies debe ser regulada y que, para ello, se deben establecer moratorias cuando las poblaciones están en declive. Sin embargo, teme que después de la reanudación de la caza, las tórtolas podrían estar en la misma situación crítica si no se abordan razones como la pérdida de hábitat.
Las comunidades autónomas, responsables de la gestión de la caza, están implementando sus propias regulaciones. Desde Andalucía, ya se han establecido condiciones para la caza de tórtolas, mientras que la Real Federación Española de Caza (RFEC) ha coordinado con el Ministerio de Agricultura la distribución de cuotas para la próxima temporada.
Otro tema crítico es el de la anguila europea, que, según WWF, merece un nivel de protección más alto debido a su condición de especie en peligro de extinción. A pesar de la propuesta del MITECO para elevar su estatus de protección, el Parlamento gallego ha votado en contra de su inclusión como especie protegida, favoreciendo su venta en un contexto donde la población de anguila sigue siendo preocupante.
Los cazadores sostienen que la sostenibilidad debe equilibrar aspectos sociales, económicos y ambientales, recordando que en ocasiones puede ser necesario regular o eliminar determinados ejemplares para garantizar la seguridad pública y la viabilidad de programas de conservación.
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