En un giro sorprendente de los acontecimientos, el Juzgado número 1 de Algeciras ha decidido dejar en libertad a tres individuos detenidos en el puerto del municipio gaditano, donde intentaban viajar en ferry hacia Tánger con material robado. Este equipo incluía un ordenador perteneciente a una abogada relacionada con la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

El juez encargado de la causa ha impuesto a los detenidos la obligación de firmar en el juzgado cada quince días y la prohibición de salir del país. Esta información ha sido confirmada por fuentes cercanas a la investigación, que se encuentra bajo el liderazgo de la Policía Judicial de la Guardia Civil en Alicante.

Los detenidos, que se encontraban a punto de embarcar en el ferry, están compuestos por dos mujeres de nacionalidad marroquí, de 20 y 66 años, y un hombre de 42 años originario de Ceuta. Todos ellos residen en Alicante, lugar donde se presentó la denuncia por el robo llevado a cabo en la vivienda de la abogada de Alberto González Amador, pareja de la presidenta autonómica.

Las pesquisas llevan a pensar que el robo en cuestión está vinculado a un delito común, dado que los tres implicados tienen antecedentes, principalmente por infracciones menores relacionadas con el contrabando de tabaco. Este contexto ha llevado a la Guardia Civil a profundizar en el pasado criminal de los arrestados, ya que la naturaleza del robo en Guardamar del Segura parecía tener características específicas.

El incidente tuvo lugar el 12 de enero, cuando la abogada del novio de Ayuso amplió su denuncia inicial. Dicha denuncia, presentada por su pareja dos días antes, incluía la sustracción de varios objetos de valor, entre ellos dos ordenadores portátiles, un par de teléfonos móviles y tres tablets. Sin embargo, la abogada posteriormente precisó que solo se había sustraído su ordenador, el mismo que finalmente fue recuperado por las autoridades.

No sin precedentes, este robo no fue el único episodio que afectó a la representación legal de la pareja de la presidenta. Pocos días antes, otro abogado había presentado una denuncia por un robo en una vivienda en Turleque, Toledo, aunque en esta ocasión no se reportaron elementos tecnológicos robados, solo bisutería. Esta cadena de robos ha llevado a la abogada a solicitar a la Guardia Civil que investigue la posible conexión entre ambos delitos, dado que todos los abogados implicados defienden a González Amador en casos que investigan presuntos delitos fiscales y la posible revelación de secretos por parte del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.