El magistrado Pablo Llarena ha rechazado apartarse de la causa del 'procés' como había solicitado Carles Puigdemont, argumentando que no le corresponde a él resolver sobre la constitucionalidad de una eventual ley de amnistía. Esta petición es la quinta vez que el líder independentista intenta expulsar al juez del procedimiento.

Puigdemont había pedido al Tribunal Supremo que apartara a Llarena de la causa por haberse pronunciado sobre la "constitucionalidad" de una eventual amnistía al 'procés'. La defensa del líder independentista argumentó que el magistrado carece de imparcialidad.

Sin embargo, Llarena ha emitido un auto en el que considera que la petición de Puigdemont es "manifiestamente infundada". Explica que en la conferencia en la que participó, se centró en aspectos técnicos generales de supervisión de constitucionalidad y no evaluó ningún aspecto concreto de una posible ley de amnistía.

El magistrado enfatiza que su conferencia no refleja ningún condicionamiento para la tramitación de la causa, ya que no se ha promulgado ninguna ley de amnistía que pueda aplicarse al caso enjuiciado. Además, señala que no le corresponderá a él resolver sobre la constitucionalidad de una eventual norma de amnistía.

Llarena concluye que la recusación es infundada y evidencia una estrategia dilatoria de la defensa de Puigdemont. Sospecha que esta maniobra busca retrasar cualquier actuación tendente a emitir una eventual orden europea de detención.

El juez destaca que los escritos de recusación adelantan que el proceso puede extenderse a los magistrados encargados de resolverla, generando una cadena de exclusiones que retrasen la decisión final. Además, recuerda que los procesados han recusado injustificadamente en numerosas ocasiones.

En conclusión, Llarena inadmite la recusación basándose en la doctrina del Tribunal Constitucional, ya que considera que no está justificada y solo busca obstaculizar el proceso legal.