ALMERÍA, 23 de julio.

Patricia Ramírez, madre del pequeño Gabriel Cruz, quien fue brutalmente asesinado en 2018 en Níjar, ha comparecido nuevamente ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Almería. Su presencia se enmarca en la denuncia que presentó a finales del pasado año por unas posibles amenazas que habrían sido realizadas desde prisión por Ana Julia Quezada, la culpable de la trágica muerte de su hijo. Ramírez ha solicitado a las autoridades que se investigue a fondo esta situación, ya que le provoca una sensación constante de inseguridad y miedo, lo que le impide retomar su vida con normalidad.

La denuncia de Ramírez surge tras recibir varias llamadas de números ocultos y advertencias insinuando posibles represalias por parte de Quezada, quien se encuentra cumpliendo una pena de prisión permanente revisable en un centro penitenciario de Brieva, en Ávila. Al parecer, el descontento de la condenada está relacionado con el freno a un documental que ella quería realizar desde la cárcel.

“He reafirmado mi denuncia y respondido a todas las preguntas que se me han formulado”, ha declarado Ramírez ante los medios después de su intervención en el juzgado. “Confío en que se investigue a fondo y se implementen las medidas de protección que me permitan sentirme más segura y no hacer frente a una violencia psicológica continua”, ha añadido.

Después de presentar su denuncia, Patricia ha recibido nuevas llamadas, algunas de procedencia internacional, y ha revelado que, según diversas fuentes no relacionadas entre sí, Quezada parece estar molesta con ella. “He escuchado rumores de que podría tener alguna colaboración económica o apoyo de personas fuera de la prisión”, ha indicado preocupada.

La madre de Gabriel ha manifestado que se ha visto obligada a reducir sus apariciones en público y a limitar sus salidas, priorizando su seguridad. “He decidido alejarme de mis estudios y refugiarme en mi hogar, buscando entornos más seguros”, ha expresado.

Además, ha manifestado su oposición a la posible difusión del mencionado documental, insistiendo en que se respete la ley que prohíbe a los condenados ganar dinero mediante la exposición de su historia. “Espero que sean las autoridades las que detengan su emisión, ya que no puedo más con esta situación”, ha declarado visiblemente afectada.

La juez también ha citado a la actual pareja de Quezada, M.A.R.Q., quien, según Ramírez, puede tener un interés en tomar represalias. “Deberá ser el juez quien decida sobre las medidas necesarias ante esta situación”, ha indicado Patricia.

Un testigo aportado por la acusación, que trabaja en un servicio de Tarot, también ha declarado, advirtiendo a Ramírez sobre las amenazas. Verónica Guerrero, la abogada de la acusación, ha destacado que este testigo ha respaldado lo que Ramírez había comunicado a la policía y ha proporcionado “material audiovisual” que se presentará ante el juzgado.

A través de video conferencia, Quezada ha comparecido, aunque, según la abogada, se ha negado a responder al juez, mientras que su pareja optó por no declarar debido a su falta de acceso completo a las actuaciones.

La causa, que había sido archivada provisionalmente, se reabrió tras un recurso de la acusación y el pedido de nuevas pruebas. El juez ha tomado medidas para proteger la identidad de Patricia Ramírez en el proceso judicial, una decisión que ha sido aplaudida por ella, quien ha expresado que el juzgado está mostrando interés en resolver su situación.

La investigación continúa para esclarecer si Quezada pudo haber emitido amenazas a través de intermediarios, así como el posible uso irregular de dispositivos móviles en prisión y la interacción de personas del entorno de la condenada.