La Audiencia Provincial de Madrid ha dado luz verde para que el juez Juan Carlos Peinado continúe con la investigación sobre Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y su asesora Cristina Álvarez, en relación a una presunta malversación de fondos públicos.

Según un auto obtenido por Europa Press, los magistrados han desestimado los recursos presentados por Gómez y Álvarez, permitiendo que el Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid continúe llamándolas a declarar en calidad de investigadas por este delito.

En su resolución, la Audiencia denota que las acciones objeto de investigación podrían encajar en la figura de malversación, evidenciando indicios de un posible abuso en las funciones de la asistente de la esposa del presidente. Sin embargo, los magistrados aclaran que no han llegado a ninguna conclusión definitiva sobre si se procederá a la fase intermedia del juicio o se sobreseyerá la causa, ya que la instrucción sigue en curso.

Los jueces subrayan que la actividad de Cristina Álvarez podría extenderse a lo largo de todo el día y la semana, algo que consideran exagerado. Sostienen que esto parece más propio de una amistad involucrada en asuntos lucrativos que de una asesora dedicándose únicamente a sus funciones protocolarias.

A pesar de no cuestionar el nombramiento de una asistente para la esposa del presidente ni dudar de su forma de contratación, manifiestan su preocupación por una posible extralimitación de las funciones de Álvarez, lo que podría conducir a favorecer los objetivos delictivos de Gómez.

Los magistrados ponen en duda el hecho de que el nombramiento de Álvarez haya recaído en una amiga cercana a Gómez. Argumentan que este hecho sería inusual, dado que normalmente estos puestos se asignan a funcionarios con experiencia en protocolo, sugiriendo que se podría estar desviando recursos públicos para favorecer intereses privados.

Continúan apuntando que el propósito de la investigación no es evaluar el desempeño laboral de la asesora, sino más bien esclarecer si hubo desviaciones de funciones en beneficio particular, tratando de identificar un posible entramado de beneficios privados.

En una notificación anterior, el juez Peinado ya había imputado a Begoña Gómez y a Álvarez por un presunto delito de malversación de caudales públicos, vinculado a la contratación de la asesora en Moncloa. Para justificar dicha imputación, el juez incluyó un fragmento de un auto de la Audiencia que destaca la amistad previa entre Gómez y Álvarez como un factor determinante en el nombramiento, sugiriendo que esta conexión podría haber llevado a un uso indebido de los recursos públicos para beneficiar intereses privados.

La Audiencia concluyó que este tipo de asignaciones pueden representar desviaciones significativas de recursos que sirven a fines personales dentro de un contexto institucional, lo que resulta especialmente preocupante dado el nivel de poder asociado a la Presidencia del Gobierno.

Como resultado de esta imputación, Begoña Gómez enfrenta ahora el quinto cargo en su contra en la investigación que lleva a cabo el juez Peinado, quien también la señala por otros delitos como tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo.

El juez mantiene activas cuatro líneas de investigación en este caso: el presunto tráfico de influencias a favor del empresario Juan Carlos Barrabés, la gestión de Gómez en la cátedra y los másteres que codirigía en la Complutense, la supuesta apropiación del software de su cátedra, y el nombramiento de Cristina Álvarez como asesora.