En un giro notable de los acontecimientos políticos, el presidente Nicolás Maduro ha propuesto este miércoles una medida drástica: la revocación de la nacionalidad a aquellos venezolanos que apoyen una posible invasión de Estados Unidos a su país. Esta declaración llega tras la reciente apertura de un proceso judicial contra Leopoldo López, un prominente líder opositor que reside en España, y a quien el gobierno ya ha despojado de su pasaporte.

Durante un discurso en Petare, Maduro comunicó que ha elevado una petición al Tribunal Supremo de Justicia para que evalúe su propuesta, citando el Artículo 130 de la Constitución, que estipula el deber de los ciudadanos de defender la patria. El mandatario argumentó que aquellos que se alían con "un ejército extranjero imperialista" deben enfrentar la pérdida de su nacionalidad y otros derechos, en cumplimiento de las leyes venezolanas.

Aunque Maduro se apoya en la Constitución, su interpretación ha suscitado controversia. El artículo al que se refiere establece la responsabilidad de los venezolanos de proteger la soberanía y la integridad del país, pero es importante señalar que el mismo documento indica que solo se puede revocar la nacionalidad concedida por naturalización, lo que dejaría fuera de este proceso a aquellos nacidos en Venezuela.

En su intervención, el presidente no escatimó críticas hacia Leopoldo López, quien, desde su lujosa residencia en Madrid, ha instado a una intervención militar estadounidense. Maduro describió la vida opulenta del opositor, simbolizando una desconexión con las realidades de muchos venezolanos, y acusó a López de ser un traidor que fomenta la agresión extranjera contra su propia tierra.

Por su parte, López ha reiterado su respaldo a cualquier acción, incluyendo militar, que provenga de Estados Unidos para desalojar a Maduro del poder. Calificando al mandatario de "cabeza del narcotráfico", ha defendido su posición al afirmar que la posible intervención no es contra el pueblo venezolano, sino contra organizaciones criminales como el Tren de Aragua. Esta situación ha desencadenado una respuesta inmediata del gobierno, que busca no solo revocar su pasaporte, sino también su estatus de nacionalidad.

Desde su salida de Venezuela en octubre de 2020, después de casi siete años en prisión, López ha defendido la intervención militar como una respuesta legítima a lo que considera un "golpe de Estado" ejecutado por Maduro durante las elecciones de 2024, un check-post que sigue alimentando la polarización en el país sudamericano.