En un preocupante reporte revelado el pasado 14 de marzo, el Ministerio del Interior ha informado sobre la alarmante cifra de 100.899 casos activos de víctimas de violencia de género en España, de los cuales 52.792 corresponden a familias con menores a su cargo. Estos datos, extraídos del Sistema VioGén y publicados por Europa Press, destacan la urgencia de actuar frente a esta cruda realidad social.

Al 28 de febrero de este año, se han clasificado los casos de violencia de género en diferentes niveles de riesgo: 10 se encuentran en riesgo extremo, 895 en alto, 13.071 en medio, 43.159 en bajo, y sorprendentemente, en 43.764 casos no se ha percibido una situación de riesgo evidente. Este desglose plantea interrogantes sobre cómo se están abordando las situaciones de vulnerabilidad en el país.

En términos de la interacción entre violencia de género y la protección infantil, el informe destaca que hay 52.792 víctimas que tienen menores bajo su tutela. Esta cifra representa un incremento significativo en comparación con el año anterior. De estos, 1.437 niños están en riesgo de ser víctimas de agresiones por parte del agresor de su madre; desglosando estos peligros, se reportan cinco casos en riesgo extremo, 114 en alto y 1.318 en medio. Además, la estadística indica que existen 12.596 menores ubicados en una situación de vulnerabilidad preocupante.

Por otra parte, el informe también identifica 11.019 casos como "especial relevancia", donde se han detectado situaciones que combinan varios factores de riesgo que podrían llevar a una violencia extrema o incluso letal por parte del agresor. De estos casos, diez están clasificados en riesgo extremo, 840 en alto y 10.169 en medio, lo que señala la necesidad urgente de estrategias efectivas de intervención.

Analizando la distribución geográfica de estos casos, Andalucía lidera con la mayor cantidad, alcanzando los 26.407 casos de violencia de género. Le siguen la Comunidad Valenciana con 16.802, y la Comunidad de Madrid con 12.710. Otros datos significativos incluyen Canarias (6.630), Galicia (5.803) y Castilla-La Mancha (5.498). Estas cifras, que se extienden a varias otras regiones, revelan un patrón inquietante que exige la atención de las autoridades y la sociedad en su conjunto.