En Madrid, el 23 de abril, la empresa Masorange ha finalizado su proceso de regulación de empleo (ERE) con un saldo de 609 bajas, lo que representa una disminución con respecto a las 650 salidas inicialmente pactadas con los sindicatos. Esta información ha sido confirmada por UGT a través de un comunicado enviado por medio de su canal de WhatsApp.

Del total de salidas, se han registrado 473 bajas voluntarias y 136 despidos forzosos, según fuentes que tienen conocimiento directo de la situación y que han hablado con Europa Press.

La reducción en el número final de despidos se conoce un día después de que la Audiencia Nacional hiciera pública una sentencia que valida tanto el proceso seguido por Masorange como los acuerdos alcanzados con los representantes sindicales. Este respaldo judicial ofrece, en términos generales, una seguridad adicional a la empresa en un momento de crisis.

UGT ha manifestado su intención urgente de revisar los salarios, aprovechando el reciente fallo judicial. “La sentencia publicada ayer valida nuestra posición en las negociaciones del primer Convenio Colectivo del Grupo Laboral. Solicitamos reunirnos antes de finalizar el mes”, comunicaron desde el sindicato.

Respecto a la sentencia de la Audiencia Nacional, esta ha desestimado las reclamaciones presentadas por CCOO y USO, quienes buscaban la paralización total del ERE. La resolución judicial respalda las justificaciones económicas ofrecidas por la empresa para llevar a cabo el proceso de regulación laboral.

El fallo judicial señala que “los informes técnicos evidencian la existencia de causas económicas que justifican el ERE” y detalla que, para el segundo trimestre del año 2024, se anticipan pérdidas que superarán los 400 millones de euros, con proyecciones que podrían alcanzar los 583 millones para finales de ese año.

Además, la sentencia ratifica la existencia del "Grupo Laboral MasOrange", uno de los puntos en discusión entre los sindicatos y la empresa. El tribunal sostiene que no se puede alegar que la aparición del grupo fuera sorpresiva, ya que su constitución formó parte de un proceso de integración anterior al inicio del periodo de consultas.

Las condiciones acordadas en el ERE incluyen indemnizaciones que varían entre 34 y 47 días de salario por cada año trabajado, con un límite de 24 mensualidades para aquellos que opten por la salida voluntaria. Para los despidos forzosos, la indemnización será de entre 33 y 45 días por año trabajado, también con un tope de 24 mensualidades.

Adicionalmente, los trabajadores con menos de ocho años de antigüedad que se acojan voluntariamente al ERE recibirán una prima de 3.000 euros, mientras que esta cifra aumenta hasta 8.000 euros para aquellos con entre nueve y doce años, y hasta 15.000 euros para empleados con más de 12 años en la compañía. El límite máximo de indemnización es de 300.000 euros.

El acuerdo también contempla la posibilidad de prejubilaciones para trabajadores de entre 56 y 57 años con una antigüedad mínima de nueve años, mientras que para aquellos entre 58 y 62 años, la antigüedad exigida es de cinco años. Las rentas de estas prejubilaciones se fijan en un 80% del salario regulador.

Además, se ha establecido que los empleados afectados por el ERE podrán mantener su seguro médico durante dos años, mientras que aquellos que se acojan a las prejubilaciones podrán conservar esta cobertura hasta alcanzar los 63 años. También se garantiza la estabilidad laboral hasta el 30 de junio de 2026, condicionado a la ausencia de motivos económicos o estructurales graves que justifiquen un nuevo ERE.