El 3 de septiembre en Parla, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, hizo un anuncio relevante tras la identificación de ocho individuos involucrados en una concentración organizada por Vox. Este evento, que se realizó frente al Centro de Primera Acogida de Hortaleza, estaba destinado a protestar por un inquietante incidente de violencia sexual, pero había sido prohibido previamente por la Delegación del Gobierno.

Durante una declaración a los medios tras una Junta Local de Seguridad, Martín confirmó que la efectiva presencia policial permitió identificar a estos ocho organizadores. "Se elaborarán las propuestas de sanción que corresponde, las cuales serán analizadas y aplicadas de acuerdo con la normativa vigente", declaró, enfatizando la seriedad de la situación.

El delegado también aprovechó la oportunidad para criticar a las fuerzas de ultraderecha en Madrid, acusándolas de fomentar discursos de odio que pueden culminar en actos de violencia y amenazas dirigidos a colectivos vulnerables. "Esta inhumanidad es completamente inaceptable", resaltó, condenando los efectos nocivos de tales discursos en la sociedad.

Martín dirigió su reproche a los partidos de ultraderecha, señalando su selectiva preocupación por los casos de violencia sexual, que parecen estar influenciados por la nacionalidad del presunto agresor. "Es curioso que sólo se vean activos en estos casos cuando el autor es un migrante", subrayó, catalogando esta actitud como un claro ejemplo de racismo persistente en el debate público.

El delegado también ofreció estadísticas alarmantes sobre la violencia sexual en la Comunidad de Madrid, mencionando que en el primer semestre del año se registraron 356 agresiones sexuales con penetración, de las cuales 256 ocurrieron en la capital. "No hemos visto a los ultraderechistas manifestarse respecto a este problema, salvo cuando pueden usar el caso para impulsar un discurso racialmente cargado. Eso se llama racismo", enfatizó Martín.

Finalmente, destacó la colaboración del Gobierno central con diversas entidades, incluidos operadores judiciales y cuerpos policiales, en su estrategia contra la violencia sexual. Sin embargo, Martín lamentó que el Partido Popular no haya querido unirse a esta iniciativa, lo que, a su juicio, refleja una falta genuina de compromiso en la lucha contra este tipo de agresiones.