La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha presentado este lunes en la Comisión de Igualdad del Congreso un discurso contundente en favor de incluir el derecho al aborto en la Constitución. Según Redondo, este proceso constitucional, aunque complejo, es completamente factible y necesaria, y ya se ha evidenciado con la reciente inclusión del término "personas con discapacidad" en el artículo 49 de la Carta Magna.

Redondo, quien solicitó comparecer ante la Comisión, ha destacado que la discusión sobre la reforma constitucional no se limita simplemente a garantizar el acceso al aborto, sino que refleja un compromiso más amplio del estado con los derechos sexuales y reproductivos. Hizo un llamado a "blindar" el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en la ley fundamental, sugiriendo que esto debería ir de la mano de políticas que refuercen la educación afectivo-sexual.

La ministra enfatizó la importancia de una educación integral en este ámbito, describiéndola como "una herramienta de libertad e igualdad". Aseguró que proporcionar a los jóvenes la información necesaria no es un acto ideológico, sino una forma de empoderarles para que tomen decisiones informadas, responsables y autónomas.

Redondo también subrayó que la falta de educación sexual adecuada puede tener consecuencias graves, incluyendo un aumento en la desinformación, embarazos no deseados y violencia machista. Según ella, la educación afectivo-sexual debería basarse en el respeto y la corresponsabilidad, actuando como un antídoto para prevenir conductas de riesgo y agresiones sexuales.

En el contexto de la violencia vicaria, Redondo fue clara: es hora de actuar sin demora. Señaló que este tipo de violencia exige una respuesta firme y adecuada por parte del Estado. "Cada vez que un niño o niña es asesinado por su padre para hacer daño a la madre, toda la sociedad se ve afectada", comentó, subrayando la necesidad de replantear las políticas públicas y judiciales que rodean a este fenómeno.

En resumen, la ministra hizo un llamado a la acción colectiva, instando a la sociedad a unirse para garantizar un entorno donde la salud y los derechos reproductivos sean innegables, y donde la educación sea un pilar fundamental para la igualdad y la justicia.