En un pronunciamiento contundente, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha exigido este miércoles una "respuesta jurídica adecuada" tras la reciente decisión judicial que permite la publicación de un libro sobre José Bretón, quien fue condenado a 40 años de prisión por el asesinato de sus dos hijos en un caso emblemático de violencia vicaria.

Redondo ha señalado que, si bien se respeta la sentencia, es fundamental considerar que esta decisión técnica no aborda el fondo de un asunto tan delicado como la protección de los derechos fundamentales. "Este es un tema complejo que merece una respuesta legal apropiada. La situación requiere una reflexión más profunda sobre cómo ponderamos los derechos en juego", afirmó en un vídeo difundido por su oficina.

La ministra también destacó que la sociedad ya ha expresado su rechazo al libro. "Es crucial reconocer que, desde el momento en que la ciudadanía se manifiesta en contra de la revictimización de las víctimas, como en el caso de la madre y sus hijos, ya hemos presenciado una sentencia pública que refleja esa condena", comentó Redondo, enfatizando la empatía que el público siente por la madre afectada.

Asimismo, Redondo se refirió a las reacciones de las librerías y clubes de lectura, señalando que su rechazo a la publicación contribuye de alguna forma a mitigar el inmenso dolor que enfrenta Ruth Ortiz, la madre de los menores. "La respuesta de la sociedad es un paso significativo, que demuestra cómo empatizamos y apoyamos a quienes han sufrido", recalcó.

Por su parte, la Audiencia de Barcelona ha ratificado la desestimación de la solicitud cautelar presentada por la Fiscalía, que solicitaba la paralización de la publicación del libro titulado "El odio", escrito por Luigé Martín y publicado por Anagrama.

El 27 de marzo, Anagrama había anunciado la suspensión indefinida de la distribución del libro, reiterando su "respeto absoluto" hacia Ruth Ortiz, la madre de los niños.

Según el tribunal, la finalidad de la medida cautelar solicitada no consiste simplemente en proteger derechos durante la tramitación de una demanda, sino en decidir si se debe interrumpir la publicación antes de plantear una acción legal. Esto implica un enfoque preventivo que busca evitar que el proceso se vea perjudicado por la difusión del contenido del libro.