En un reciente encuentro, los consejeros de las comunidades autónomas pertenecientes al Partido Popular han expresado su fuerte descontento con la gestión del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. Acusan a esta institución de generar un clima de "retraso, desorganización y caos presupuestario" relacionado con la asignación de fondos para los programas de formación profesional dirigidos a trabajadores.

Además, los representantes autonómicos criticaron la ausencia de la ministra Pilar Alegría en la Conferencia Sectorial, de la que debería ser presidenta, y enfatizaron el retraso en la convocatoria del evento. Consideran que esta situación afecta gravemente la organización y el desarrollo de los programas necesarios.

A través de un comunicado, los consejeros calificaron la convocatoria de la sectorial como "improvisada y arbitraria", alegando que su objetivo final parece ser forzar a las comunidades a adjudicar los fondos antes de que finalice el año. Aseguran que este enfoque representa un "serio obstáculo" para la implementación efectiva de los proyectos.

En vista de lo anterior, los responsables del PP han manifestado su malestar por el retraso en la celebración de la conferencia y han exigido al ministerio que cumpla con la Ley General Presupuestaria. Demandaron que el reparto de los recursos se realice en el primer trimestre de 2026, planteando que no tiene sentido llevar a cabo reuniones en octubre para unos fondos que corresponden al año 2025 y que legalmente deberían estar asignados este mismo año.

Asimismo, las comunidades autónomas han señalado la falta de compromiso del Gobierno en mejorar la flexibilidad en la ejecución de los fondos. Aseguran que solo a través de una adaptación a las necesidades del tejido productivo será posible formar a los trabajadores con los perfiles que el mercado requiere, contribuyendo a reducir el creciente desempleo.

Los consejeros del PP también lamentaron que el esfuerzo de las comunidades no reciba una respuesta adecuada por parte del Gobierno, lo que pone de manifiesto la falta de atención a las verdaderas necesidades de cada comunidad. Denunciaron que esta situación representa una oportunidad perdida para garantizar que los fondos lleguen a quienes realmente los necesitan: los desempleados y los trabajadores que buscan mejorar su situación laboral.