En un contexto marcado por la tensión política, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha salido al paso este miércoles para desmentir cualquier tipo de conflicto interno dentro del Gobierno sobre la inminente aprobación de una ley que establecería un embargo en la venta de armas a Israel. Esta aclaración llega tras el anuncio del Consejo de Ministros de posponer la presentación de dicha ley, lo que ha provocado el descontento entre los miembros de Sumar.

A pesar de que el Ejecutivo ha reafirmado su intención de llevar la norma al Consejo de Ministros en la próxima semana, ha atribuido el retraso a la complejidad del asunto, defendiendo la idea de que hay que proceder con cautela. Sin embargo, han surgido comentarios que sitúan la responsabilidad de este aplazamiento en la propia cartera de Robles.

Durante una serie de entrevistas informales con la prensa, Robles insistió en que no existen diferencias de opinión en el Gobierno y expresó su desconcierto ante algunas noticias que han circulado al respecto. Según fuentes cercanas al Ministerio de Defensa, el equipo de Robles lleva trabajando desde hace varios meses en la implementación de una desconexión militar con Israel, pero siempre actuando desde un enfoque responsable.

El plan de "desconexión" militar del Estado de Israel fue anunciado por el Ministerio de Defensa a inicios de junio. A pesar de las dificultades vinculadas a la dependencia tecnológica en ciertos programas industriales españoles que involucran productos israelíes, las autoridades buscan implementar esta medida de manera que no afecte los programas en curso ni la operatividad de las Fuerzas Armadas. Referente al embargo de armas, las mismas fuentes han reconocido que su implementación es compleja.

En declaraciones a los medios, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha subrayado la importancia de que la anulación de contratos se realice de manera adecuada desde el punto de vista técnico y legal, para evitar posibles sanciones. Reiteró el firme compromiso del Gobierno de proceder con el embargo, asegurando que no quedará "ni un fleco" suelto en este proceso.

Por su parte, Enrique Santiago, portavoz de IU en la Cámara Baja, ha renovado su llamado para que el Gobierno apruebe la ley de inmediato. Santiago expresó su frustración ante la demora, subrayando que la situación es urgente y desde su partido piden que se resuelvan cualquier diferencia existente entre los distintos ministerios.