En Madrid, a 7 de noviembre, la situación en MasOrange sigue siendo motivo de atención y preocupación entre los trabajadores. La empresa, a raíz de las negociaciones con los sindicatos, ha decidido prorrogar una semana el periodo de inscripción voluntaria para el expediente de regulación de empleo (ERE) que afecta a 650 empleados. Así, los trabajadores tendrán tiempo hasta el 13 de noviembre para registrarse, conforme han indicado fuentes sindicales. Hasta la fecha, 424 empleados ya han expresado su voluntad de participar, lo que representa una notable adhesión del 65,23% del colectivo afectado.

De las inscripciones realizadas, un total de 147 corresponden a prejubilaciones, mientras que 277 buscan acogerse a bajas incentivadas, según han informado las fuentes consultadas. Este número de 424 trabajadores inscritos es casi el doble que las 217 personas que habían optado por el ERE hasta el pasado domingo, lo que demuestra un incremento en la participación en este proceso complicado.

El contexto de este ERE se remonta a mediados de octubre, cuando MasOrange, resultado de la fusión entre Orange y MásMóvil, acordó con UGT y Fetico los términos de este despido colectivo. Este acuerdo, sin embargo, no fue apoyado por CCOO, que mostró su desacuerdo con las condiciones pactadas, lo que resalta la diversidad de opiniones y posturas que han surgido en torno a esta situación laboral.

Para poner en perspectiva, es importante recordar que MasOrange anunció su intención de llevar a cabo el ERE el 3 de septiembre pasado, planteando inicialmente la posibilidad de hasta 795 salidas, motivadas por la detección de "duplicidades organizativas" tras la integración de las dos plantillas. Sin embargo, luego de intensas negociaciones con los sindicatos, el número se ajustó a 650 despidos.

Las condiciones que se han establecido en el ERE incluyen una indemnización que oscila entre 34 y 47 días por año trabajado, con un tope máximo de 24 mensualidades para aquellos que se acojan voluntariamente. Por otro lado, aquellos que abandonen la empresa de manera forzosa recibirán entre 33 y 45 días por año trabajado, también con un límite de 24 mensualidades.

Además, se han estipulado incentivos económicos significativos para los trabajadores que se inscriban voluntariamente. Aquellos con menos de ocho años de antigüedad recibirán una prima de 3.000 euros, cifra que se incrementa a 8.000 euros para quienes tengan entre nueve y 12 años en la empresa, y hasta 15.000 euros para los que superen los 12 años de servicio.

En cuanto a la indemnización máxima, esta ha aumentado a 300.000 euros, en comparación con los 250.000 euros que se habían planteado en la propuesta inicial de la compañía. Esto refleja un intento de ofrecer condiciones más favorables a los trabajadores afectados.

El acuerdo también permite que los empleados de entre 56 y 57 años con al menos nueve años de antigüedad se acojan a prejubilaciones. Para aquellos que tengan entre 58 y 62 años, el requisito de antigüedad se reduce a cinco años. Las rentas generadas por el plan de prejubilaciones equivalen al 80% del salario regulador, lo que puede proporcionar un alivio financiero a los beneficiarios.

Por si fuera poco, otra disposición destacada en el pacto es que se garantizará la continuidad del seguro médico durante dos años para los empleados afectados que ya lo posean, mientras que en el caso de las prejubilaciones, se mantendrá el seguro médico hasta los 63 años, lo que ofrece una mayor tranquilidad en términos de salud a los trabajadores salientes.

Finalmente, el acuerdo incluye una garantía de empleo hasta el 30 de junio de 2026, aunque esta promesa está sujeta a la condición de que no surjan "motivos económicos o estructurales graves" que pudieran desencadenar un nuevo proceso de despido colectivo en la empresa. Todo esto se produce en un clima de incertidumbre que obliga a los trabajadores y sindicatos a mantenerse vigilantes y activos en la defensa de sus derechos laborales.