Siete jueces del Constitucional polaco denuncian una intervención "ilegal" y piden actuar ya

Siete jueces veteranos del Tribunal Constitucional de Polonia han salido a denunciar que la intervención de su tribunal es "completamente ilegal". Y lo dicen sin rodeos.

¿Qué ha pasado? El viernes, una jueza llamada Anna Korwin-Piotrowska suspendió durante un mes al presidente del tribunal, Bogdan Swieczkowski, y a su adjunto, Bartlomiej Sochanski. Mientras tanto, la sede estaba rodeada por la Policía, que actuaba a las órdenes del primer ministro, Donald Tusk. Después, la propia jueza se proclamó presidenta del tribunal.

Para entenderlo sin liarse: el Constitucional es el órgano que decide si las leyes respetan la Constitución. Es, en teoría, el freno a los excesos del poder. Por eso lo que pase ahí importa a cualquiera, aunque no tenga nada que ver con Polonia en el día a día.

El trasfondo es un pulso político de meses. El Gobierno de Tusk ha impulsado el nombramiento de hasta seis nuevos magistrados, pero el presidente polaco, Karol Nawrocki, solo ha aceptado tomar juramento a dos de ellos. Es decir, Gobierno y presidencia se miran de reojo, y el tribunal ha quedado en medio.

Nawrocki, por su parte, entró de madrugada en la sede del tribunal y denunció que se había roto el orden constitucional. Ahora ha empezado a reunirse con los partidos con representación parlamentaria. Mientras, siguen llegando manifestantes ante el edificio, cada vez con más presencia policial.

¿Y qué significa esto para la gente corriente? Cuando un tribunal que controla las leyes se ve bloqueado o colonizado por el poder político, las garantías de todos se debilitan: los derechos de los ciudadanos, la libertad de prensa, la independencia de los jueces que tienen que decidir sobre tu caso. Es una señal de alarma para cualquier democracia, también para la nuestra, porque el principio de que nadie está por encima de la ley es el mismo.

Lo que viene ahora depende de si las instituciones y los partidos logran un acuerdo o si el conflicto se enquista. Los observadores estarán pendientes de si el presidente, el Gobierno y el propio tribunal aceptan una salida pactada, y de si la suspensión de los dos magistrados se mantiene o se revierte. Los afectados, es decir, los propios jueces y quienes dependen de sus resoluciones, deberían seguir las informaciones de fuentes independientes y desconfiar de versiones interesadas de uno u otro bando. Y, como ciudadanos, lo más útil es informarse bien y no quedarse solo con el titular.