El V Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) ha sido publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Fue firmado el 10 de mayo por CCOO, UGT, CEOE y Cepyme y recomienda un alza salarial global en convenios colectivos del 10% entre 2023 y 2025. Las partes declaran su intención de llevar a cabo una política salarial que contribuya a la reactivación económica, la creación de empleo y la mejora de la competitividad de las empresas españolas durante estos tres años.

Se recomienda subidas salariales del 4% en 2023 y del 3% tanto para 2024 como para 2025, con una cláusula de revisión salarial que podría implicar alzas adicionales de hasta el 1% para cada uno de los años del acuerdo, en caso de desviación de la inflación, que se aplicarían al comienzo del siguiente ejercicio. En cualquier caso, el acuerdo destaca que los negociadores de convenios colectivos deberán tener en cuenta las circunstancias de su sector o empresa para fijar las condiciones salariales.

En este sentido, la idea es que las directrices contenidas en el acuerdo puedan adaptarse a la situación de cada sector o empresa, con el objetivo de mantener y crear empleo. El acuerdo consta de 32 páginas y especifica que los negociadores deberán tener en cuenta que las situaciones son "muy desiguales" en crecimiento, resultados o incidencia del salario mínimo interprofesional (SMI), todo ello con el objetivo del mantenimiento y la creación de empleo.

El acuerdo también aconseja la integración de los principios de transparencia retributiva y de igual retribución por trabajos de igual valor, así como la racionalización de las estructuras salariales. Se podrán tener en cuenta fórmulas de retribución flexible en la negociación colectiva.

Las recomendaciones en materia de contratación están directamente ligadas a la reforma laboral que se acordó con el Gobierno. Los agentes sociales consideran que los convenios colectivos deben contribuir a seguir en esta dirección fomentando la estabilidad en el empleo y el uso adecuado de las modalidades contractuales, desarrollando los distintos llamamientos que la norma hace a la negociación colectiva.

Asimismo, los agentes sociales abogan por promover en los convenios una "racionalización" de las estructuras salariales, integrando los principios de transparencia retributiva y de igual retribución por trabajos de igual valor, así como abogando por el desarrollo de los contratos fijos-discontinuos y el contrato a tiempo parcial indefinido.

El contrato a tiempo parcial indefinido puede ser una herramienta adecuada para atender las necesidades de flexibilidad de empresas y trabajadores. Además, se promoverá la contratación de jóvenes y personas en transición en el empleo, promoviendo los contratos formativos y la formación dual como vía de inserción y recualificación.

El acuerdo también señala que la jubilación parcial y el contrato de relevo "deben seguir siendo un instrumento adecuado para el mantenimiento del empleo y el rejuvenecimiento de las plantillas". Por lo que los convenios colectivos podrán reconocer el acceso a la jubilación parcial con contrato de relevo de acuerdo con la normativa que le sea de aplicación, e impulsarán la puesta en marcha de los mecanismos para su uso en cada uno de los sectores y empresas.

Las medidas también buscan mejorar la salud de los trabajadores y lograr reducir la frecuencia y duración de los procesos de incapacidad temporal, abogando por un mejor aprovechamiento de los recursos de las mutuas, sin modificar las actuales competencias de los servicios públicos de salud. El acuerdo también promocionará los planes de pensiones de empleo, reconocerá el derecho a la desconexión digital fuera de la jornada laboral, fomentará los ERTE como mecanismo alternativo a la destrucción de empleo, y promoverá la igualdad real entre hombres y mujeres, la prevención de las violencias sexuales y la cultura de la prevención de riesgos laborales.

El acuerdo también implica que el Gobierno debe adaptar la actual normativa de revisión de precios en los contratos públicos para permitir su actualización en determinadas situaciones y evitar que los paganos sean las personas trabajadoras y las empresas que participan en la contratación pública en los sectores intensivos en mano de obra, ya que no pueden ser retribuidos en situaciones extremas como las actuales.