La organización Transparencia Internacional (TI) ha emitido un informe crítico sobre el Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción presentado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en julio, tras el escándalo que llevó a la prisión de Santos Cerdán, ex alto dirigente del PSOE. Aunque la TI reconoce que este plan marca un avance significativo, advierte que se basa en un enfoque reactivo que presenta numerosas oportunidades de mejora.

El informe, difundido este lunes, destaca la voluntad del Gobierno de abordar los problemas de corrupción e integridad con medidas necesarias. Sin embargo, TI subraya que esta estrategia no logra cubrir todos los aspectos de la corrupción, lo que limita su efectividad. En este sentido, la organización recuerda que la OCDE ha evidenciado que los modelos que responden únicamente a incidentes ya ocurridos tienden a ser ineficaces y causan demoras en las acciones correctivas.

Según el análisis de TI, la respuesta tradicional a la corrupción, mediante la implementación de numerosas normativas y su estricto cumplimiento, ha demostrado ser insuficiente. Por ello, la organización llama a la necesidad de adoptar un enfoque más integral, que priorice la prevención y la colaboración entre distintos actores sociales y políticos.

En este contexto, el reporte de 138 páginas presenta un total de 100 recomendaciones, dividiéndolas en cinco generales y 95 específicas. Estas sugerencias buscan implementar un Pacto de Estado contra la corrupción que garantice reformas significativas que vayan más allá de los ciclos políticos y que conduzcan a resultados concretos y verificables.

Transparencia Internacional hace hincapié en la urgencia de desarrollar y aprobar una Estrategia Nacional Anticorrupción (ENA), que se sustente en un diagnóstico sólido y en un proceso inclusivo que capte la pluralidad de voces y propuestas. Además, recalca la importancia de destinar los recursos financieros necesarios para su correcta ejecución.

La organización también aboga por la creación de una Comisión Experta que colabore en la elaboración de la ENA y que lleve a cabo un proceso de consultas públicas para asegurar que todos los grupos relevantes puedan aportar sus perspectivas.

Asimismo, el informe destaca la necesidad de un Plan de Acción que establezca objetivos claros, medidas concretas y plazos definidos para facilitar la evaluación y seguimiento de la ENA. También se propone un sistema de gobernanza que fije las responsabilidades de cada ente en la elaboración y ejecución del plan.

TI subraya la importancia de contar con una financiación sostenible y con un sistema robusto de monitoreo y evaluación, que incluya indicadores claros y plazos establecidos para la implementación de las recomendaciones de informes previos sobre corrupción, como las emitidas por el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa, enfatizando que los avances deberán ser presentados antes del 30 de junio de 2026.

Recientemente, Transparencia Internacional publicó su Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), situando a España a media tabla con 56 puntos sobre 100, estando por detrás de naciones como Granada y Botsuana, pero superando a Italia y Grecia. La presidenta de TI en España, Silvina Bacigalupo, ha destacado que superar estos "malos resultados" es crucial y que requiere un enfoque nacional que refuerce las estructuras institucionales del país.

La dirigente hizo hincapié en que la lucha contra la corrupción debe ser un consenso colectivo entre todos los partidos, ya que la política en este ámbito no debe convertirse en un ciclo de acusaciones cruzadas que entorpezcan un avance real y efectivo.

Por su parte, David Martínez, director ejecutivo de la entidad en España, enfatizó que la efectividad de las reformas anticorrupción requiere un compromiso político constante y una visión compartida, además de la colaboración entre gobiernos, sector privado y sociedad civil. A su juicio, la corrupción es una cuestión compleja que debe ser enfrentada con respuestas que aborden no solo el entorno legal, sino también las dimensiones institucionales, económicas y culturales, con el objetivo de fomentar una cultura de integridad pública y fortalecer el Estado de derecho.