En un fallo histórico, un juez federal ha ordenado al Departamento de Eficiencia Gubernamental de Estados Unidos (DOGE), encabezado por el icónico empresario Elon Musk, que haga públicos sus registros ante la creciente preocupación por su poder desmedido y su carácter poco transparente.

El juez del distrito, Christopher Cooper, subrayó la necesidad de que esta información sea accesible al público, invocando la Ley de Libertad de Información. Sin embargo, su decisión no contempla la difusión inmediata de los documentos solicitados; en su lugar, ha establecido que deben presentarse de manera continua y a la brevedad posible.

Cooper, nombrado por el expresidente Barack Obama, enfatizó que la anulación de contratos gubernamentales podría implicar la necesidad de una autoridad considerable, y que la magnitud de tales cancelaciones lo hace aún más relevante. Su fallo se extiende a lo largo de un detallado documento de aproximadamente 40 páginas que resalta la urgencia de transparencia.

El juez también advirtió que el acelerado ritmo de operativas del DOGE demanda una divulgación informativa ágil sobre su funcionamiento interno. Esta necesidad se ve acentuada, según él, por el nivel de secretismo que ha rodeado las acciones de la entidad.

Además, Cooper rechazó la argumentación de que el DOGE desempeña únicamente un rol consultivo dentro de la administración. Se basó en diversas investigaciones periodísticas que evidencian los esfuerzos del departamento para despedir a miles de empleados y desmantelar agencias clave como USAID. También citó declaraciones del presidente Donald Trump y de Musk para reforzar su posición.