Un tribunal de EE. UU. frena la orden que protegía a los funcionarios electorales
Un tribunal de EE. UU. suspende la orden que frenaba al Gobierno de Trump frente a funcionarios electorales el día de las elecciones de mitad de mandato.
Un tribunal de apelación de Estados Unidos ha suspendido la orden que impedía al Gobierno de Trump «amenazar» o «intimidar» a los funcionarios electorales. La decisión llega el mismo día en que se celebran las elecciones de mitad de mandato.
La medida había sido dictada el pasado viernes por la jueza de distrito Trina Thompson. Su resolución prohibía a los departamentos de Justicia y de Seguridad Nacional exigir a funcionarios de cualquier estado que separaran papeletas, eliminaran votantes de los padrones o detuvieran el procesamiento de los votos. El Tribunal de Apelación del Noveno Circuito ha accedido ahora a la petición del Departamento de Justicia y ha bloqueado esa orden temporal.
La orden de Thompson surgió de una demanda presentada por una coalición de sindicatos y grupos de derechos civiles, entre ellos la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos. Según sus promotores, la conducta del Gobierno viola la Ley de Derecho al Voto y supone una «intromisión inconstitucional en el control estatal sobre la administración electoral».
El origen del conflicto está en una operación de cotejo de datos impulsada por el Departamento de Seguridad Nacional, que compara los listados de votantes estatales con los registros federales. Los funcionarios electorales sostienen que las listas de presuntos no ciudadanos elaboradas por este departamento no son fiables. La Administración, por su parte, afirma que el objetivo es impedir que los no ciudadanos voten, y anuncia que procesará a los funcionarios electorales por «no hacer lo suficiente para prevenir el voto ilegal».
Para el ciudadano de a pie, el asunto va de quién controla las elecciones y quién decide qué votos cuentan. La pelea entre el Gobierno federal y los estados sobre los listados de votantes afecta directamente a quien acude a las urnas.
Por ahora, la suspensión de la orden de Thompson está vigente. La noticia no recoge nuevos pasos concretos más allá de esta decisión del tribunal de apelación.