La reciente decisión del Juzgado de Primera Instancia Número 35 de Madrid ha dejado claro que la solicitud de compensación económica presentada por el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, no ha logrado el respaldo de la justicia. Ábalos perseguía obtener 70.000 euros de un abogado que, en 2020, lo denunció ante el Tribunal Supremo en relación con un contrato sospechoso de suministros sanitarios durante la crisis del COVID-19.

El fallo, al que ha tenido acceso Europa Press, refrenda la postura del juez, quien considera que las críticas del letrado Ramiro Grau, expresadas en su libro y en varias intervenciones mediáticas, están protegidas bajo los derechos de libertad de expresión e información. Este aspecto subraya la importancia de poder cuestionar y debatir sobre asuntos de interés público, especialmente en tiempos de crisis.

El juez también subraya el contexto político en el que se produjeron las declaraciones de Grau, señalando el clima de tensión y descontento social que caracterizó ese periodo. Menciona específicamente que los acontecimientos analizados equivalen a una severa crispación política, impulsada por lo que se ha denominado el "jarabe democrático", donde los enfrentamientos entre representantes del estado alimentan una percepción de desconfianza generalizada entre la ciudadanía.

En sus apreciaciones, el juez señala que las afirmaciones en cuestión se realizaron en medio de un estado de alarma que el Tribunal Constitucional posteriormente declaró parcialmente inconstitucional. Al respecto, el magistrado considera que la polémica compra de mascarillas durante la pandemia ha demostrado ser "no ejemplar". De igual forma, se resalta que la conducta de Ábalos tampoco se ha comportado como un modelo a seguir, a tal punto de ser criticado y menospreciado por miembros de su propio partido.

El exministro había argumentado que las declaraciones de Grau constituían una "intromisión ilegítima" a su honor y a su intimidad personal y familiar, basándose en lo expuesto en el libro 'El virus socialista de Ábalos' y en diversas entrevistas que el abogado concedió a los medios. Su mirada se centraba en la defensa de su imagen frente a acusaciones que lo relacionaban con acciones de índole penal.

Por su parte, el propio Grau defendía su postura, subrayando que su intención había sido poner en evidencia lo que calificó como "prácticas corruptas", utilizando un enfoque "sarcástico y mordaz" en el marco de su derecho a ejercer la protesta social. Su intervención reflejaba una forma de resistencia ante la corrupción, un tema que sigue reverberando en la sociedad española.

Como un aspecto adicional relevante, es importante señalar que, en paralelo, Grau había presentado una denuncia contra Ábalos ante el Tribunal Supremo en 2021, la cual fue desestimada. Sin embargo, el alto tribunal ha decidido reabrir la causa ante nuevos indicios que han surgido, recogidos por la Audiencia Nacional en el contexto del conocido caso 'Koldo'. Esto añade más capas de complejidad a una situación que ya era, de por sí, volátil.

Finalmente, el juzgado madrileño ha desestimado las pretensiones de Ábalos, absolviendo a Grau de las acusaciones que pesaban sobre él. La resolución permite que se presente recurso de apelación, lo que indica que este caso podría tener más repercusiones en el futuro, continuando así el debate sobre la ética en la política y la transparencia en la gestión pública durante la crisis sanitaria más grave de los últimos tiempos.