Urbas se enfrenta a un desafío crucial en su intento de reestructuración, ya que ha solicitado la declaración de concurso voluntario de acreedores ante el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid. Esta decisión llega tras agotar las opciones de negociación con sus acreedores, según lo informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el 8 de septiembre.

La empresa había presentado en julio un plan de reestructuración que no incluía quitas, obteniendo el respaldo de 53 acreedores, lo que representa el 76,8% de la deuda nominal y el 25,7% del pasivo total, incluido el contingente. Este plan contaba con un informe favorable elaborado por la reconocida firma Álvarez & Marsal.

No obstante, el proceso se complicó cuando FTI Partners Recovery Spain, perito designado por el tribunal a solicitud del fondo Roundshield Partners, emitió un informe que se opone a la certificación de mayorías necesaria para validar dicha reestructuración. Esta negativa ha puesto freno a las negociaciones en curso.

Ante esta situación, Urbas ha expresado su disconformidad con la decisión de FTI, señalando que Roundshield Partners tiene un crédito contingente en disputa que suscite dudas sobre su validez. Es relevante mencionar que el 60% de ese fondo fue adquirido recientemente por Harrison Street Asset Management, parte de Colliers International Group.

La compañía ha decidido presentar el concurso como una medida preventiva, sin renunciar al plan de reestructuración previamente establecido, instando a que se resuelva dicho plan antes de que se tomen decisiones sobre el concurso.

Además, se ha informado que uno de sus acreedores propuso un plan de reestructuración alternativo el 4 de septiembre, aunque mantiene la misma viabilidad, solicitando que FTI evalúe su propuesta.

Urbas ha aclarado que la solicitud de concurso se fundamenta en una obligación legal tras el vencimiento de plazos y reafirma su confianza en el plan de viabilidad, considerándolo como la mejor estrategia para asegurar el equilibrio y la protección de todas las partes implicadas.

Así, la empresa de infraestructura y promoción inmobiliaria se compromete a seguir adelante con su proceso de reestructuración financiera, con el firme objetivo de garantizar su continuidad y defender los intereses de sus empleados, acreedores, accionistas, así como de clientes y proveedores.