La Fiscalía Anticorrupción ha tomado una postura contundente al solicitar penas que superan las dos décadas de prisión para el comisario retirado José Manuel Villarejo y casi 19 años para su socio Rafael Redondo. Este juicio, que inicia este lunes en la Audiencia Nacional, se centra en el escandaloso 'proyecto Saving', donde supuestamente ambos investigaron irregularidades en el concurso de acreedores de la constructora Martinsa-Fadesa, dirigida por Fernando Martín en ese entonces.

El caso ha cobrado relevancia en el marco del 'Caso Villarejo', donde la acusación detalla que el excomisario podría enfrentar 23 años y medio tras las rejas, mientras que su compañero podría recibir 18 años y 9 meses. Estos términos de condena se basan en la acusación de múltiples delitos, que incluyen cohecho pasivo, revelación de secretos y falsificación de documentos mercantiles.

Además de las duras penas de prisión, Anticorrupción ha exigido que ambos imputados indemnicen con 5.000 euros a cada víctima espiada, responsabilizando también a la Administración General del Estado como responsable civil subsidiaria. Como parte de las medidas, se solicitará el decomiso de medio millón de euros que el inversionista José Moya pagó al Grupo CENYT por sus servicios.

La relación entre Moya y Villarejo se remonta a julio de 2011, cuando Moya buscó la ayuda del comisario activo para solucionar un conflicto derivado de una inversión en Martinsa-Fadesa, donde había adquirido una significativa participación en 2007. Esta inversión, que superaba los 100 millones de euros, estuvo acompañada de un contrato de opción de venta que se volvió ineficaz tras el concurso de la empresa en 2008, desatando el conflicto entre las partes.

Con el objetivo de recuperar su inversión, Moya contrató a Villarejo para investigar posibles irregularidades en el proceso concursal. Según el fiscal, esta colaboración se enmarca dentro de un complejo entramado del que era propietario el Grupo CENYT, lo que sugiere que no se trata de un caso aislado, sino parte de una organización más amplia.

La Fiscalía ha explicado que el 'proyecto Saving' implicó la obtención de información sobre varias personas relacionadas con el concurso, cuyo conocimiento podría resultar ventajoso para Moya en sus negociaciones para recuperar dinero perdido. La investigación llevó a Villarejo y Redondo a acceder a información privada, incluidos los registros de llamadas de individuos clave involucrados en el asunto, lo que pone de relieve la magnitud de las irregularidades cometidas.

Los pagos realizados por Moya a CENYT, que suman un total de 501.500 euros, fueron estructurados de manera que ocultaran la verdadera naturaleza de los servicios prestados, según las facturas que se presentaron. Además, la Fiscalía ha solicitado el archivo del caso en relación a Francisco Rodríguez Martín, exsenador socialista, y ha destacado que la responsabilidad penal de Moya se ha extinguido debido a su fallecimiento en enero de 2021.