Vox exige que se excluya al abogado del Congreso en las negociaciones entre PSOE y Junts por su pasado en el Gobierno.

En un nuevo desarrollo en la política española, el partido Vox ha solicitado la exclusión del secretario general del Congreso, Fernando Galindo, en el proceso de evaluación de una propuesta de ley impulsada por el PSOE y Junts que busca transferir a Cataluña el control total sobre la inmigración. Vox argumenta que Galindo está "contaminado" debido a su historial como director general y subsecretario en el Ministerio de Política Territorial antes de asumir su actual cargo.
Con un comunicado dirigido a la Mesa del Congreso, Vox argumenta que la experiencia previa de Galindo en el gobierno le descalifica para realizar cualquier tipo de asesoría sobre una iniciativa que implica un traspaso de competencias. Según el partido, su visión estaría influenciada por su conexión con un gobierno que ellos critican severamente.
El portavoz de Vox, José Antonio Fúster, explicó en una conferencia de prensa que la recusación está basada en la premisa de que alguien con un pasado en altos cargos del Ministerio de Política Territorial no puede ser imparcial al evaluar la propuesta del PSOE y Junts. "Nuestro objetivo es poner todos los obstáculos que podamos a este Gobierno", enfatizó Fúster, dejando claro que continuarán con su estrategia de oposición enérgica.
Este martes, la iniciativa de PSOE y Junts será sometida a su primer análisis en la Mesa del Congreso, donde es probable que obtenga luz verde gracias a la mayoría que mantienen PSOE y Sumar en ese órgano. Sin embargo, la respuesta de Vox no se ha hecho esperar.
Adicionalmente, se anticipa que los servicios jurídicos del Congreso no emitirán un informe en contra de la propuesta. En ocasiones anteriores, ya han aclarado que su cometido no es determinar la constitucionalidad de las normas, función que pertenece exclusivamente al Tribunal Constitucional.
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