El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, está considerando la posibilidad de comparecer de manera voluntaria ante el Tribunal Supremo (TS) en el marco de la investigación que se ha iniciado en su contra por presuntos delitos que incluyen la pertenencia a una organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación. Esta decisión surge tras la reciente indicación del juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso, quien ha llamado a examinar el rol significativo de Ábalos en la supuesta trama criminal.

Fuentes allegadas a Ábalos, en declaraciones a Europa Press, han confirmado que esta podría ser la intención del exministro, quien anteriormente había solicitado declarar como testigo en la Audiencia Nacional. A través de esta comparecencia, Ábalos busca presentar su versión de los acontecimientos al juez encargado del caso. Sin embargo, también se ha indicado que, aunque esta opción está sobre la mesa, aún no se ha tomado una decisión definitiva respecto a dicha declaración.

La posibilidad de que Ábalos declare voluntariamente podría interrumpir el proceso de solicitud de suplicatorio que debe ser tramitado por el Congreso de los Diputados, un paso necesario para quitarle el fuero a un diputado y permitir que la investigación continúe sin obstáculos. En caso de que el Tribunal Supremo decida posteriormente iniciar acciones legales contra él, el tribunal deberá solicitar la autorización correspondiente al Congreso para proceder en este sentido.

Es importante destacar que, en la exposición razonada presentada al TS, el juez Ismael Moreno, titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2, expone que existen “indicios fundados y serios” que evidencian la posible implicación de Ábalos en los delitos mencionados. En su análisis, el juez mismo sugiere que las funciones desempeñadas por Ábalos en el contexto de la supuesta organización criminal son de naturaleza primordial.

Además, se señala que el juez Moreno considera que el exministro habría tenido un rol central en la trama orquestada por el empresario Víctor de Aldama, quien actuaba como intermediario en la búsqueda de contratos con instituciones públicas. Este análisis es parte de un nuevo examen a una causa previamente archivada, la cual fue solicitada para ser reabierta en marzo por el abogado Ramiro Grau, quien había presentado denuncias anteriores en 2021.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, el 7 de noviembre, decidió reactivar la causa, argumentando que los hechos descritos podrían ser considerados delictivos, expandiendo así el espectro de la investigación para incluir ahora también el delito de malversación. De esta manera, el alto tribunal amplía su examen a nuevas posibles faltas penales que no habían sido investigadas hasta el momento por la Audiencia Nacional.

El TS enfatizó la necesidad de continuar indagando sobre la participación del político aforado, José Luis Ábalos, en los graves delitos mencionados. En este sentido, el magistrado Andrés Martínez Arrieta dejó claro que se encargará de los hechos relacionados con la persona aforada y aquellas que sean indispensables para el curso de la instrucción, asegurando así un desarrollo ordenado de la investigación.

Asimismo, el TS precisó que la extensión de su jurisdicción a acciones cometidas por individuos no aforados solo será factible si se encuentra una conexión irrefutable con los asuntos que involucran a los aforados, garantizando así una adecuada contención del proceso judicial.

Por último, cabe recordar que el juez Moreno decidió investigar a Ábalos tras recibir un informe elaborado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, el cual se fundamenta en una serie de conversaciones de WhatsApp entre los implicados en la llamada “trama Koldo”. Estas comunicaciones evidencian supuestas gestiones realizadas por De Aldama, tales como su intermediación para rescatar a Air Europa y facilitar la visita de la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez.