Un nuevo capítulo en el caso del exministro José Luis Ábalos se ha abierto con la presentación de un contrainforme ante el Tribunal Supremo, donde el político subraya que lo que se está llevando a cabo es una indagación desproporcionada y de carácter general en su contra. Ábalos sostiene que los investigadores están intentando retroceder más de tres décadas en su pasado, algo que considera una clara desproporción que pone en entredicho la legalidad del proceso.

El documento, titulado 'Observaciones al informe de la UCO de 17 de marzo de 2025', ha llegado a manos de Europa Press, y se estructura en torno a un análisis detallado de sus bienes, vehículos y asociaciones. Según el exministro, las conclusiones de la Unidad Central Operativa (UCO) son “tendenciosas”, ya que busca infundir dudas sobre su patrimonio de manera injustificada.

Uno de los puntos clave del contrainforme es la interpretación errónea de su relación con la Fundación Internacional de Apoyo al Desarrollo Local y Social (Fiadelso), que la UCO erróneamente ha clasificado como una sociedad. Ábalos destaca que los recursos aportados a esta fundación fueron donaciones generosas y no se trató de transacciones comerciales, lo que el exministro considera una manipulación grave que afecta la percepción pública de su compromiso social.

Ábalos defiende la honorabilidad de la fundación, aseverando que nunca recibió remuneración alguna por su rol en ella y que, por el contrario, incluso aportó bienes a su funcionamiento. La intención detrás de la acusación de la UCO, opina, es sembrar dudas sobre su moralidad y su implicación con los valores de la organización.

Respecto a un terreno en Chimbote, Perú, que fue destinado a Fiadelso, el exministro aclara que, debido a la falta de personalidad jurídica de la fundación en Perú, él y otra persona figuraron como copropietarios, reconociendo que lo cedieron a la fundación. Este terreno fue utilizado para un centro que sirvió a la comunidad con actividades múltiples hasta que la fundación tuvo que cesar sus operaciones y no pudo mantenerlo.

En otras instancias, el contrainforme señala irregularidades en el informe de la UCO sobre un terreno en Tuluá, Colombia. Ábalos argumenta que se ha confundido deliberadamente un terreno en fase de construcción con uno que compró y vendió sin edificación. Así mismo, critica que se le haya asignado un precio inflado por ese terreno, lo que refleja una falta de rigor de la UCO en sus investigaciones.

El exministro también revela que tiene una vivienda en Valencia desde 1992 y detalla las circunstancias de otras propiedades, como un bajo comercial y un piso en Madrid que fue adquirido por su expareja. En el contexto de las acusaciones, Ábalos enfatiza que los errores cometidos por la UCO están colisionando con los principios de justicia, planteándose si el instructor asumirá la responsabilidad por futuras equivocaciones.

Para reforzar su imagen, Ábalos subraya que solo reconoce una de las cuentas vinculadas al PSOE mencionadas en el informe, mientras que sus vínculos financieros son claramente limitados. Con respecto a su última vivienda en Rivas Vaciamadrid y los vehículos mencionados por la UCO, el exministro aclara sus circunstancias para desmentir los detalles poco fundamentados en el informe de la unidad investigadora.

En un momento donde la desconfianza en las instituciones es palpable, esta situación plantea preguntas críticas sobre la objetividad y motivación detrás de las investigaciones en curso. Ábalos clama por una revisión objetiva y justa del proceso, enfatizando que no se puede permitir que la interpretación sesgada de los hechos comprometa su reputación y la de su trabajo a lo largo de los años. Al final, las acciones y decisiones futuras de la UCO serán fundamentales para garantizar la integridad del sistema judicial.