El exministro de Transportes y actual diputado José Luis Ábalos se encuentra en el centro de una investigación que ha despertado el interés del Tribunal Supremo (TS). Representantes legales de Ábalos han formalizado su intención de personarse en el procedimiento abierto en su contra, que lo involucra en una serie de graves acusaciones, que van desde la pertenencia a una organización criminal hasta el tráfico de influencias y malversación. Este desarrollo se produce tras la solicitud del juez de la Audiencia Nacional, quien ha solicitado una investigación más profunda sobre el papel que Ábalos desempeñó en la denominada 'trama Koldo'.

Según información proporcionada por Europa Press y otras fuentes jurídicas, la presentación del escrito ante el TS tuvo lugar el pasado 11 de noviembre. Desde el círculo cercano al exministro se ha indicado que este movimiento puede ser un paso preliminar hacia una posible declaración voluntaria que aún se está considerando. Esta decisión podría tener un impacto significativo en el proceso, ya que la realización de tal declaración podría frenar temporalmente la solicitud de un suplicatorio al Congreso de los Diputados, un requisito imprescindible para levantar el fuero a un diputado.

Si finalmente se llegara a concretar la declaración voluntaria, el tribunal tendría que solicitar, en caso de que la investigación progrese, la autorización del Congreso para continuar con el procedimiento legal en contra del diputado. Esto añade una capa más de complejidad al proceso, dado que cualquier acción adicional relacionada con Ábalos depende de la respuesta del parlamento.

La exposición razonada presentada al Tribunal Supremo por el juez Ismael Moreno es bastante contundente, sugiriendo que existen indicios sólidos que justifican la investigación. Según el juez, los elementos probatorios apuntan a la participación activa de Ábalos en esta supuesta trama delictiva, exacerbando la gravedad de los cargos que enfrenta.

Moreno se refirió específicamente a la suposición de que Ábalos participaba en actividades delictivas, señalando que su rol dentro del esquema orquestado por el empresario Víctor de Aldama lo convierte en un sospechoso clave. De Aldama, descrito como un 'conseguidor' vinculado a la trama, sería el responsable de buscar beneficios ilícitos en las administraciones públicas.

El Tribunal Supremo aprobó la petición de investigación del juez Moreno el 7 de noviembre, reabriendo así un caso que había sido archivado en 2021. Este movimiento se produce tras una nueva solicitud del abogado Ramiro Grau, quien había presentado una denuncia que inicialmente no prosperó. En septiembre último, la Sala Segunda del Supremo decidió esperar los resultados de las pesquisas que se estaban llevando a cabo en la Audiencia Nacional.

Los magistrados del TS han concluido que los hechos descritos, aunque aún en fase de investigación, podrían ser provisionales de delitos graves. Además, se ha decidido ampliar el ámbito de la investigación para incluir el delito de malversación, que no se había investigado previamente por la Audiencia Nacional.

En su resolución, la Sala Segunda del TS ha enfatizado la necesidad de continuar con la investigación de Ábalos y de su posible implicación en la 'trama Koldo'. El tribunal ha aclarado que inicialmente se centrará únicamente en los hechos relacionados directamente con el exministro y otras personas aforadas, extendiendo la investigación hacia otros individuos solo si hay conexiones indiscutibles que lo justifiquen.

La solicitud de investigación surgió a raíz de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que reveló comunicaciones de WhatsApp entre los involucrados en la 'trama Koldo'. Estas interacciones sugieren posibles irregularidades, como la intermediación de De Aldama en gestiones relacionadas con el rescate de Air Europa y la visita de Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela.