El entorno del exministro de Transportes José Luis Ábalos ha expresado su sorpresa ante la decisión del juez de enviar el suplicatorio al Congreso, sin esperar a recibir la documentación que el propio exministro había ofrecido en su declaración anterior.

Este miércoles, la defensa de Ábalos ha formalizado en el Tribunal Supremo la entrega de un extenso conjunto de documentos, que respaldan su postura en el marco de la investigación del 'caso Koldo'. Esta documentación incluye detalles sobre su patrimonio, los pagos de alquiler de su chalé, que han sido considerados sospechosos, así como informes de Adif y la Dirección General de Carreteras que descartan cualquier irregularidad en los contratos de obra pública que se gestionaron durante su mandato.

En el escrito que acompaña a este voluminoso paquete de pruebas, al que ha tenido acceso Europa Press, se busca que el juez instructor, Leopoldo Puente, considere "todas y cada una de las actuaciones" que ha llevado a cabo Ábalos en diferentes instancias judiciales y fiscales, así como su participación en diversas comparecencias parlamentarias relacionadas con la investigación que se le sigue.

Dentro de la documentación presentada, se encuentra el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas respecto a los contratos de adquisición de mascarillas en cuestión, así como la inadmisión de una denuncia formulada por el abogado Ramiro Grau. Además, se incluyen las acciones legales que el exministro ha emprendido en relación con esta causa, artículos de prensa y las preguntas parlamentarias que ha realizado desde junio.

La defensa también ha adjuntado la auditoría solicitada por el actual ministro de Transportes, Óscar Puente, junto con una contrapericial que Ábalos encargó para contrarrestar la del Ministerio. Asimismo, se aportan todos los pasos que el exministro ha dado en la Audiencia Nacional para intentar personarse en la causa, así como los diversos resultados y recursos que de esto se han derivado.

En lo que respecta al chalé de la urbanización de La Alcaidesa, Ábalos ha incluido el contrato de alquiler, los justificantes de los pagos correspondientes y la resolución del acuerdo de arrendamiento.

Por otro lado, hace referencia al 'caso Delcy', relacionado con un viaje fallido de la vicepresidenta venezolana a España en enero de 2020, presentando tanto el informe fiscal como los autos de archivo de la causa. También ha aportado las comparecencias de cargos ministeriales realizadas en el Senado sobre este episodio.

Este miércoles, el juez Leopoldo Puente ha decidido solicitar al Congreso la suspensión de la inmunidad parlamentaria de Ábalos, al valorar que existen "indicios suficientes" para investigar la posible comisión de hasta cuatro delitos: organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación.

Desde el círculo cercano al exministro se ha mencionado a Europa Press que les ha sorprendido la decisión del magistrado Puente de tramitar el suplicatorio antes de que se tuviera en cuenta la documentación recién presentada.

El magistrado ha argumentado que ha llegado un punto donde la evidencia de indicios acumulados sobre la presunta participación de Ábalos en los hechos hace esencial avanzar en el procedimiento mediante la recopilación de la autorización de la Cámara, un trámite que se gestionará a través de una exposición razonada que se enviará al presidente de la Sala Penal del Supremo.

En un auto, también recogido por Europa Press, Puente señala que basa su decisión en las declaraciones tanto de Ábalos como de su asesor Koldo García, y del empresario Víctor de Aldama, presunto intermediario de la trama. Además, considera relevante la documentación presentada por estas partes y los resultados de las escuchas telefónicas y registros domiciliarios realizados por la Audiencia Nacional.

Según el juez, "existen elementos suficientes" para dar por hecho que Ábalos, aprovechando su papel como ministro, habría influido en la adjudicación de varios contratos de la administración pública a cambio de beneficios económicos durante el contexto de emergencia sanitaria provocado por la pandemia del COVID-19. Esta situación se refiere particularmente a la adquisición urgente de suministros sanitarios, incluidos mascarillas y trajes especiales.