La Comisión del Estatuto del Diputado está en camino de tomar una decisión crucial respecto al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, en el caso conocido como el 'caso Koldo'. Se prevé que se apruebe una serie de conclusiones este mismo día y se remita todo al Pleno del Congreso, que podría llevar a cabo la votación correspondiente a finales de enero.

El día de hoy, 27 de diciembre, se ha producido un avance importante en el proceso, ya que la Comisión ha decidido otorgar a Ábalos hasta el 13 de enero para que presente sus alegaciones en respuesta al suplicatorio solicitado por el Tribunal Supremo. Este movimiento se produce en un contexto en el que el tribunal busca investigar al actual diputado del Grupo Mixto debido a supuestos indicios de varios delitos.

La presidenta del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, comunicó el 19 de diciembre a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, sobre la solicitud de suplicatorio relacionada con Ábalos. Este procedimiento se basa en las indicaciones del instructor del caso, el magistrado Leopoldo Puente, quien ha observado signos suficientes de posibles delitos, incluyendo participación en una organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación.

La Mesa de la Cámara registró de inmediato este pedido el día después de su recepción, organizando una reunión virtual para calificar la documentación y proceder a su remisión a la Comisión correspondiente. En esta sesión, que tuvo lugar hoy, se abrió un plazo para que ábalos pueda presentar sus alegaciones, cumpliendo así con el debido proceso establecido.

Ábalos tiene la opción de enviar sus alegaciones por escrito antes de las 10 de la mañana del 13 de enero, o de comparecer personalmente ante la Comisión ese mismo día a las 12:30. Aunque la normativa indica que la Comisión tiene un plazo de 30 días para tramitar el suplicatorio, el mes de enero presenta ciertas limitaciones en cuanto a la actividad parlamentaria regular, lo que ha llevado a la Comisión a solicitar a la Mesa la posibilidad de llevar a cabo la reunión el 13 de enero.

Independientemente de si Ábalos decide presentar alegaciones, la Comisión se reunirá el 13 de enero por la tarde para finalizar y aprobar sus conclusiones. Según el Reglamento, este suplicatorio debería ser votado en el Pleno ordinario subsiguiente; sin embargo, Cobo ha indicado que podría haber oportunidad de discutir el asunto en una sesión plenaria que se contempla para finales de enero, si así lo decide la Junta de Portavoces.

Es importante destacar que el debate y voto sobre los suplicatorios en el Congreso se realizan a puerta cerrada, lo que plantea preocupaciones sobre la falta de transparencia en estos procesos. Los diputados tienen libertad de voto, sin la obligación de seguir directrices específicas, y solo se divulga el resultado final de la votación.

Una vez que el Pleno tome una decisión respecto a la concesión o denegación del suplicatorio, la presidenta del Congreso tiene un plazo de ocho días para comunicarlo a la autoridad judicial, quien estará obligada a informar al Congreso sobre cualquier resolución que afecte directamente al diputado.

En caso de que no se pronuncie la Cámara en un plazo de sesenta días naturales tras la recepción del suplicatorio, este se considerará automáticamente denegado. Hasta la fecha, el Congreso ha aprobada 33 suplicatorios y ha desestimado 14, incluyendo dos sobre el mismo diputado, siendo la última negativa en 1988.

A pesar del contexto complicado, desde el PSOE se ha manifestado un respaldo a la concesión del suplicatorio, asegurando que desean aclarar la situación lo antes posible. El último caso en que se aprobó un suplicatorio fue en septiembre de 2022, concerniente al exdiputado del PP Alberto Casero, por presuntos delitos durante su mandato como alcalde.

A lo largo de las legislaturas anteriores, diversos casos han sido autorizados para juicio, incluyendo a miembros de diferentes partidos por variados motivos de corrupción o conducta inapropiada. Este es un recordatorio del complejo entramado de la política española, donde los procesos de rendición de cuentas a menudo se ven envueltos en polémica y debate público.