En una reciente movida jurídica, la Abogacía del Estado ha solicitado que el magistrado José María Macías, representante del sector conservador en el Tribunal Constitucional (TC), sea excluido de las deliberaciones sobre los recursos de amparo interpuestos por Oriol Junqueras, Raül Romeva y Dolors Bassa, quienes han impugnado la decisión del Tribunal Supremo (TS) de no aplicar la amnistía en relación a los delitos de malversación asociados al 'procés', de acuerdo con información proporcionada por fuentes legales a Europa Press.

Según las informaciones recabadas, los Servicios Jurídicos del Estado argumentan que Macías debería ser apartado por las mismas razones que llevaron al TC a excluirlo de los recursos de inconstitucionalidad sobre la ley de amnistía. En su momento, se había planteado que su rol como vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) comprometía su imparcialidad, ya que se había manifestado en dos documentos de carácter institucional sobre la amnistía.

Uno de esos documentos es una declaración institucional del 6 de noviembre de 2023, emitida por el anterior CGPJ, en la que Macías participó y que advertía que la eventual aprobación de la amnistía significaría la "abolición" del Estado de Derecho en España. Asimismo, en un informe solicitado por el Senado el 21 de marzo de 2024, el CGPJ concluyó que la medida era inconstitucional, una afirmación aprobada también con el voto de Macías.

El magistrado fue recusado por la Fiscalía en la cuestión de inconstitucionalidad relativa a la ley de amnistía, sustentando estas mismas razones. El 15 de enero pasado, el Pleno del TC, con una mayoría progresista de 6 votos frente a 4 en contra, accedió a la solicitud de la Fiscalía y decidió apartar a Macías de este caso específico.

En la siguiente sesión plenaria, celebrada el 29 de enero, se determinó extender la recusación a otros asuntos relacionados con la amnistía, incluyendo los recursos del PP y de varias comunidades autónomas, además de las cuestiones planteadas por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

El 11 de febrero, el TC aceptó tramitar los recursos de amparo de Junqueras, Romeva y Bassa, quienes habían agotado sus opciones en la jurisdicción ordinaria después de que el TS ratificara su negativa a aplicar la amnistía. Es en este contexto que la Abogacía del Estado ha vuelto a solicitar la exclusión de Macías.

Aunque previamente habían intentado apartar a Macías de todos los recursos, el TC rechazó esa petición de forma unánime, argumentando que se había presentado de manera extemporánea, dado que los casos aún estaban en fase de admisión en septiembre pasado.

Así, Macías se convierte en el segundo magistrado que queda fuera del debate sobre la amnistía en el TC, tras la decisión del progresista Juan Carlos Campo de abstenerse, tras haber expresado antes su postura sobre la inconstitucionalidad de la amnistía cuando era ministro de Justicia.

Junqueras, Romeva y Bassa impugnaron dos resoluciones del Supremo: la del 1 de julio que negaba la amnistía y la del 30 de septiembre que ratificaba dicha decisión. Estos exdirigentes, condenados por su participación en el 'procés', alegan que la negativa del TS viola sus derechos fundamentales, ya que el tribunal consideró que existió un beneficio personal en sus acciones que afectó a los intereses financieros de la Unión Europea.

La decisión del Supremo tuvo un impacto significativo en Junqueras, Romeva y Bassa, quienes ya estaban condenados por malversación. Al no concederles la amnistía, el alto tribunal mantuvo las penas de inhabilitación que les fueron impuestas.

En su solicitud al TC, también requirieron que se suspendieran de forma cautelar las penas de inhabilitación, las únicas que permanecen en vigor tras el indulto que les les eximió de prisión. El TC ha iniciado un proceso separado para examinar esta solicitud y, hasta el momento, ha dado traslado a la Fiscalía y a los demandantes para que presenten sus argumentos.

Si el TC decidiera suspender cautelarmente la pena de inhabilitación, podrían reintegrarse en la contienda política mientras se resuelve el fondo de sus recursos de amparo. No obstante, las fuentes consultadas advierten que aunque estas peticiones de medidas cautelares son comunes, su aprobación es bastante inusual.