En Madrid, el 30 de junio, se ha hecho evidente la necesidad de un cambio estructural en el sistema judicial español. Salvador González, presidente de la Abogacía Española, ha hecho un llamado urgente para que se proporcionen los recursos adecuados a los nuevos tribunales de instancia que comenzarán a operar el 1 de julio. En su opinión, es esencial que esta transformación garantice una justicia accesible y de alta calidad para todos los ciudadanos del país.

González emitió su demanda en un comunicado durante una jornada informativa organizada por el Consejo General de la Abogacía y el Poder Judicial. Esta reunión tenía como objetivo introducir la reforma impulsada por la Ley Orgánica 1/2025, destinada a mejorar la eficiencia del servicio judicial. El presidente enfatizó que es vital asegurar que incluso en las áreas más remotas, todos los españoles tengan acceso a un sistema de justicia que respete sus derechos fundamentales y el derecho a la defensa.

Durante esta sesión especial del curso formativo sobre la LO 1/2025, el líder de la Abogacía abogó por la pronta convocatoria de la 'Comisión para la Calidad del Servicio Público de Justicia', una entidad prevista en la legislación que incluye a representantes de la Abogacía. "La supervisión y la coordinación del sistema son esenciales", subrayó González, quien aboga por un enfoque colaborativo para monitorear la implementación de estos cambios.

En la inauguración del evento, el vocal del Consejo General del Poder Judicial, José Carlos Orga Larrés, resaltó el compromiso del Poder Judicial hacia este nuevo modelo organizativo. Al mismo tiempo, destacó que la implementación del sistema no debería reemplazar la urgente necesidad de crear nuevas unidades judiciales para manejar la carga de trabajo.

La jornada fue moderada por Ismael Cardo, decano del Colegio de Abogados de Cuenca, y contó con la participación de representantes del Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas con competencias en este ámbito. Ellos explicaron los planes para convertir los 3,800 juzgados unipersonales en 431 Tribunales de Instancia a partir de mañana, brindando una perspectiva sobre la transición hacia un sistema más eficiente.

Desde el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas, se detallaron las características de este nuevo modelo organizativo y su plan de implementación. Se hizo hincapié en la importancia de esta reforma para adecuar la justicia a las necesidades del siglo XXI. Sin embargo, muchos representantes autonómicos coincidieron en que, aunque ven potencial en el nuevo sistema, es crucial contar con más tiempo y recursos para su efectiva puesta en marcha.

Carmen Casado, coordinadora del proyecto de los Tribunales de Instancia en la secretaría de Estado de Justicia, resaltó que uno de los desafíos más complejos será alinear los servicios de justicia con las crecientes demandas sociales, lo que requiere un esfuerzo continuo a largo plazo.

Entre los participantes por parte de las comunidades autónomas estaban funcionarios de varias regiones que compartieron sus perspectivas sobre la nueva estructura judicial, enfatizando la colaboración intergubernamental necesaria para el éxito de la iniciativa.

Además, González abrió el debate sobre la inminente huelga de jueces y fiscales programada para el 1, 2 y 3 de julio, instando a buscar un espacio para el diálogo antes de que se ejecute. En caso de que la huelga se lleve a cabo, solicitó que se implementen medidas para mitigar el impacto en este servicio público que ya enfrenta numerosas dificultades.

La semana pasada, durante una reunión con el Poder Judicial, González había solicitado que se notificara con antelación cualquier suspensión de juicios, promoviendo el refuerzo de los juzgados para evitar un colapso en el sistema judicial, además de reprogramar las vistas suspendidas y priorizar los casos afectados.

La próxima y última sesión de este ciclo formativo sobre la LO 1/2025 se llevará a cabo el 7 de julio, y se centrará en la perspectiva de los profesionales del derecho, cerrando un período de discusión que ha abarcado cuestiones cruciales como los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos (MASC) y su aplicación en diversas áreas del derecho, como el derecho de familia y el comercio.